Indiana revocó 1.790 licencias de conducir comerciales (CDL) el 1° de abril, cuando entró en vigor la Ley HEA 1200, firmada por el gobernador Mike Braun el 12 de marzo. La norma cancela las habilitaciones de conductores no domiciliados que no acrediten visa de trabajo temporal —H-2A o H-2B— o visa de inversor E-2, e impone multas de hasta 50.000 dólares a las empresas que los contraten. La medida fue impulsada por el fiscal general del estado, Todd Rokita y un grupo de legisladores republicanos. Según Greg Dunn, director de comunicaciones del Buró de Vehículos Motorizados de Indiana, prácticamente la totalidad de los 1.790 conductores no domiciliados perdieron su habilitación con la nueva ley. La norma modifica el código de vehículos motorizados del estado con un conjunto de requisitos que impactan directamente a conductores, empresas de transporte y escuelas de formación vial. Para obtener o conservar una CDL, los conductores deben demostrar dominio suficiente del inglés para comunicarse con el público, leer señales viales y completar registros oficiales. Los exámenes de conocimiento y habilidades solo se rinden en inglés o en lengua de señas americana. En cuanto a las sanciones, la ley establece tres niveles de penalidades. Presentar una CDL falsa o conducir sin los documentos migratorios requeridos constituye un delito de nivel 6, punible con entre seis meses y dos años y medio de prisión, además de una multa penal de hasta 10.000 dólares. El conductor también puede enfrentar una multa civil de 5.000 dólares, mientras que la empresa que lo haya contratado recibe una multa civil de 50.000 dólares. Las empresas de capacitación para CDL también quedan alcanzadas: aquellas que empleen instructores sin licencia válida o que incumplan los estándares federales y estatales de formación enfrentan multas de 50.000 dólares por cada infracción. La aplicación de la ley queda a cargo de la fiscalía general del estado, que puede recuperar además los costos de investigación y honorarios legales. El fiscal Rokita vinculó la medida con el llamado del presidente Trump —durante su discurso ante el Congreso— a revocar licencias otorgadas a personas sin estatus legal. El legislador Jim Pressel, autor principal del proyecto, sostuvo que la norma busca proteger a los habitantes de Indiana de conductores que, en sus palabras, explotan los procesos de licenciamiento del estado.