En esta noticia
La administración de Donald Trump confirmó que los inmigrantes naturalizados en Estados Unidos podrán perder la ciudadanía americana si cometen ciertos delitos graves, como fraude, terrorismo o crímenes violentos.
La medida, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Justicia (DOJ), busca reforzar los controles migratorios y endurecer las consecuencias para quienes infringen las leyes tras obtener la naturalización.
El caso de Aníbal Ríos Lavias, un inmigrante mexicano que obtuvo la ciudadanía en 2018, encendió las alarmas. Según informó USCIS, Ríos ocultó durante su entrevista de naturalización que tenía cinco cargos por abuso sexual contra una menor, emitidos por un tribunal de Carolina del Norte. Ahora, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión y podría convertirse en uno de los primeros casos bajo la nueva política de revocación de ciudadanía.
Los delitos que pueden llevar a perder la ciudadanía estadounidense
El 11 de junio de 2025, Trump firmó un memorando oficial en Washington, junto a la fiscal general Pam Bondi, para autorizar al DOJ a iniciar procesos civiles de desnacionalización. Estos procesos apuntan a inmigrantes naturalizados que hayan mentido u ocultado información durante su proceso o que hayan cometido delitos graves.
Entre los delitos que podrían derivar en la pérdida de la ciudadanía se encuentran:
Terrorismo y espionaje
Exportación ilegal de tecnología o bienes
Crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos
Trata de personas y delitos sexuales
Crímenes violentos y felonías
Fraude financiero, especialmente relacionado con Medicare o Medicaid
El requisito que exige USCIS para no quitarle la ciudadanía a inmigrantes
El USCIS recordó que uno de los requisitos esenciales para obtener y conservar la ciudadanía es demostrar buena conducta moral, tanto antes como después del proceso de naturalización. Declarar falsamente no haber cometido delitos o mentir en entrevistas con oficiales migratorios puede considerarse fraude de naturalización, y es motivo suficiente para perder la ciudadanía.
El gobierno de Trump sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional y garantizar que solo personas con buena conducta permanezcan como ciudadanos del país. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes advierten que esta política podría abrir la puerta a interpretaciones excesivas y persecuciones injustas.