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Un juez federal en Washington D.C. detuvo de manera temporal la iniciativa de la administración de Donald Trump que buscaba ampliar las deportaciones rápidas de migrantes dentro del territorio de Estados Unidos.
La medida representa un golpe a la estrategia del presidente, quien había prometido implementar un plan de un millón de expulsiones al año durante su nuevo mandato.
El freno judicial a las deportaciones aceleradas
La magistrada Jia Cobb, designada en su momento por Joe Biden, consideró que el esquema impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional viola el derecho al debido proceso de los afectados.
En una extensa opinión de 48 páginas, advirtió que priorizar únicamente la velocidad en los procedimientos de expulsión "conduciría a errores graves y pondría en riesgo a personas que no deberían ser deportadas".
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y diversas organizaciones de defensa de migrantes habían presentado demandas contra la expansión de esta herramienta, alertando que podría derivar en la expulsión equivocada de solicitantes de asilo o de personas que no estaban en condiciones de defenderse adecuadamente.
Cómo funciona la deportación expedita
El mecanismo de expulsión acelerada permite a las autoridades migratorias deportar a personas indocumentadas sin audiencia ante un juez, siempre que no puedan demostrar su permanencia legal.
Hasta ahora, solo se aplicaba a migrantes detenidos cerca de la frontera y con menos de dos semanas en el país. Con el cambio propuesto por Trump, se extendería a quienes lleven hasta dos años dentro del territorio estadounidense.
Atención inmigrantes: qué puede pasar ahora
El fallo de Cobb no cuestiona la legalidad de la deportación expedita en la frontera, pero obliga al Gobierno a replantear su estrategia en el interior del país. Por el momento, el programa queda suspendido, lo que brinda un respiro a miles de familias que enfrentaban la posibilidad de ser removidas de manera inmediata.
Este revés judicial se suma a otras resoluciones recientes que también bloquearon intentos de la Casa Blanca por aplicar la deportación rápida a migrantes que habían ingresado legalmente bajo procesos humanitarios.