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La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) endurecerá su política migratoria y comenzará a detener a inmigrantes que no tengan papeles, incluso si no tienen antecedentes penales.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por el gobierno de Donald Trump, que incluye la expansión de centros de detención y mayores recursos para deportaciones.
Con esta decisión, miles de personas en situación irregular podrían quedar bajo custodia federal. Algunas de ellas podrían ser enviadas a un nuevo campo de detención que se construirá en Texas, según los planes oficiales.
¿A quiénes detendrá ICE y qué cambió en su política migratoria?
El director interino del ICE, Todd Lyons, confirmó que los agentes arrestarán a todas las personas que estén en el país sin papeles, sin importar si tienen antecedentes penales o no.
"Si encontramos a alguien que está ilegalmente, lo llevaremos bajo custodia", señaló. La medida elimina restricciones anteriores que limitaban los operativos a casos criminales o recién llegados.
Lyons sostuvo que las llamadas "ciudades santuario" obligan a ICE a intervenir directamente en las comunidades, lo que provocó un aumento en los arrestos colaterales. Aunque siguen priorizando a quienes tienen historial delictivo grave, ahora se amplía el espectro de acción a todo inmigrante indocumentado, sin distinción.
¿A dónde serán enviados y cómo será el nuevo campo de detención?
En este contexto, el Gobierno federal construirá un nuevo campo de detención para inmigrantes indocumentados en el oeste de Texas, con capacidad para 5.000 personas.
Se trata de una instalación temporal tipo "carpa blanda", financiada por el Departamento de Defensa con un contrato de 232 millones de dólares adjudicado a una firma de Virginia. Estará ubicada en El Paso, cerca de la base militar Ft. Bliss.
Aunque no todos los detenidos serán enviados allí, algunos inmigrantes sin antecedentes penales podrían ser trasladados a ese nuevo centro, en función de la disponibilidad y las decisiones logísticas del Gobierno.
La construcción forma parte del plan migratorio del gobierno de Trump, que incluye USD 170 mil millones en seguridad fronteriza, con USD 45 mil millones destinados específicamente a detención.