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Un operativo federal en Omaha, Nebraska, expuso un sistema de fraude laboral con identidades robadas que afecta tanto a migrantes indocumentados como a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que 76 trabajadores fueron detenidos en la planta Glenn Valley Foods el pasado 10 de junio, en el marco de una investigación que deja al descubierto los vacíos del sistema de verificación de empleo en Estados Unidos.
Cómo operaba la red de identidades falsas
La investigación, que se extendió por tres meses, reveló un esquema de robo de identidad y venta de documentos falsos. Según el agente especial Elhrick Cerdan, los datos personales eran obtenidos mediante estafas telefónicas, mensajes y sitios fraudulentos, luego revendidos en la dark web. Intermediarios los ofrecían a migrantes que buscaban empleo, utilizando números de Seguro Social ajenos para ingresar al mercado laboral.
El impacto fue devastador para las víctimas reales, más de un centenar de ciudadanos estadounidenses -en su mayoría de origen latino- que vieron comprometidas sus ayudas sociales, becas estudiantiles y estados crediticios, ya que sus ingresos aparecían inflados por los sueldos que cobraban otras personas bajo su nombre.
E-Verify bajo la lupa: el sistema que no detecta documentos falsos
A pesar de que la empresa utilizaba E-Verify, el sistema oficial de validación de empleo del DHS y la Administración del Seguro Social (SSA), no se logró detectar el uso de identidades falsas. El presidente de Glenn Valley Foods, Chad Hartmann, reconoció que "el sistema no puede identificar si un documento es real o robado", y reclamó una solución urgente ante este vacío legal.
Desde el DHS evitaron responder directamente sobre las limitaciones del sistema y recordaron que E-Verify está gestionado por USCIS, otra división del mismo organismo.
Qué pasó con los migrantes detenidos en el operativo
El operativo duró aproximadamente cuatro horas y movilizó a agentes federales, estatales y locales. En total, 76 personas fueron arrestadas, de las cuales 63 permanecen detenidas en el Centro de Detención del Condado de Lincoln, mientras que el resto fue deportado o trasladado a otras jurisdicciones.
La organización Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados ofreció asesoría legal a gran parte de los afectados. Según Anne Wurth, directora asociada, muchos de los detenidos "son personas trabajadoras atrapadas en un sistema que no ofrece vías claras para regularizarse".
Cargos penales y consecuencias legales
Siete personas enfrentan cargos criminales. Entre ellos, un trabajador acusado de falsificar unnúmero de Seguro Social, otro de reingreso ilegal y un tercer caso donde un hondureño fue imputado por resistirse al arresto con un cúter.
Además, cuatro manifestantes -incluidos dos ciudadanos estadounidenses empleados en la planta- fueron denunciados por interferir con vehículos oficiales durante el operativo.