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La ley de embargos está protegida por la Constitución y aplica como sanción para algunas prácticas irregulares, siempre y cuando se cumplan los respectivos procedimientos adecuados.
El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de embargar bienes y congelar cuentas bancarias a modo de castigo para todos los residentes que incumplan ciertas normas estrictas impuestas por las máximas autoridades.
El Gobierno embarga bienes y congela estas cuentas bancarias
Si bien la confiscación de bienes y cuentas bancarias a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del código civil y penal.
Siguiendo la política de tolerancia cero en el sistema migratorio de la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos busca implementar ciertas medidas federales que permitirían embargar propiedades y congelar cuentas bancarias de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes.
¿Es legal el embargo de bienes y cuentas bancarias sin orden judicial?
Hoy en día, no existe actualmente ninguna ley ni programa federal que autorice al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a intervenir bienes privados o cuentas financieras solo por razones migratorias.
En consecuencia, el embargo o congelamiento de activos siempre requiere una orden judicial o una causa penal y no se justifica únicamente por una falta migratoria.
Ante una orden final de deportación, las autoridades de inmigración pueden:
- Inmovilizar fondos exclusivamente en el contexto de una investigación criminal o de lavado de dinero, con la debida orden judicial.
- Confiscar documentos falsos, bienes usados para actividades ilegales o que estén relacionados con delitos federales.
- Ejecutar la remoción física del país (detención y salida forzada).