

El gobierno de Texas publica una lista oficial con los nombres y fotografías de padres que evaden el pago de manutención infantil ordenado por un juez. A quienes figuran en ese registro, el Estado puede embargarles cuentas bancarias, propiedades y otros bienes para recuperar los fondos adeudados.
La medida aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros residentes en Texas que incumplan una orden judicial. Según datos del Senado de Texas, los padres en el estado acumulan aproximadamente u$s 19 mil millones en manutención impaga.
¿Quiénes aparecen en la lista de evasores de manutención de Texas?
El programa es administrado por la Oficina del Fiscal General del Estado (OAG) y está respaldado por ley estatal. Para ingresar al registro, la deuda debe superar los u$s 5.000, debe existir una orden de arresto vigente, y el padre no custodio no puede estar en proceso de quiebra ni recibir asistencia social.
Qué información se publica
La página oficial incluye el nombre, la fotografía, el número de hijos y el monto adeudado por cada evasor. Algunos casos registran deudas superiores a u$s 100.000.
El programa también habilita una línea de denuncia pública — 1-866-EVADERS (382-3377) — para que cualquier persona aporte información sobre el paradero de los evasores.

¿Qué le pasa a las cuentas y bienes de quien está en la lista?
La OAG puede imponer gravámenes sobre cuentas bancarias, propiedades, planes de retiro, pólizas de seguro de vida y otros activos si el padre no custodio incumple el pago de manutención.
El embargo no es automático ni inmediato: se activa dentro de un proceso legal que la OAG gestiona caso por caso, con distintas herramientas según la situación del deudor.
Otras consecuencias legales
La OAG también puede suspender la licencia de conducir y más de 60 tipos de licencias profesionales, interceptar premios de lotería y bloquear la renovación del pasaporte.
En los casos más graves, el incumplimiento puede derivar en condena penal. No pagar manutención es un delito grave en Texas, penado con hasta dos años de prisión y multas de hasta u$s 10.000.













