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Una posible privatización del Seguro Social en Estados Unidos encendió las alarmas entre millones dejubilados y trabajadores próximos al retiro. Aunque todavía no hay una reforma oficial, legisladores y economistas ya están debatiendo abiertamente la transformación total del sistema público de pensiones, administrado desde 1935 por la Administración del Seguro Social (SSA).
De concretarse esta iniciativa, los ciudadanos tendrían que gestionar su propio ahorro para la jubilación, sin la garantía de recibir un monto mensual fijo como ocurre actualmente. Este cambio pondría en riesgo la estabilidad financiera de millones de adultos mayores que dependen del Seguro Social como única fuente de ingresos.
¿Qué implicaría la privatización de la Seguridad Social?
El sistema actual del Seguro Social funciona bajo el modelo de reparto: los trabajadores y empleadores aportan cada uno el 6,2% del salario a través de la Ley Federal de Contribuciones al Seguro (FICA). Ese 12,4% combinado se destina a un fondo común del que se extraen los pagos mensuales para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad).
Pero si se privatiza el sistema, esos aportes irían a cuentas individuales, fondos privados de inversión o productos financieros elegidos por cada trabajador. Si bien algunos argumentan que esta modalidad ofrecería mayor libertad de elección y aliviaría la carga fiscal del gobierno, la falta de experiencia en inversiones podría dejar a muchos ciudadanos sin ahorros suficientes al momento de jubilarse.
¿Por qué se considera esta reforma jubilatoria?
Los defensores de la privatización aseguran que el modelo actual no es sostenible a largo plazo. La baja natalidad, el envejecimiento de la población y el creciente número de jubilados proyectan un desequilibrio crítico para el año 2080. Según las estimaciones, el 23% de la población estará jubilada para entonces, y no habrá suficientes trabajadores activos para financiar el sistema de pensiones.
Ante este panorama, algunos sectores políticos impulsan reformas drásticas. Entre ellas, trasladar la responsabilidad del retiro financiero al individuo, eliminando el rol garantista del Estado.
¿Qué riesgos implicaría este cambio?
Aunque la idea de administrar los propios ahorros puede parecer atractiva, los riesgos de una privatización total son altos:
No habría garantía de ingresos mensuales durante la jubilación.
Muchos trabajadores no cuentan con los conocimientos financieros para gestionar inversiones de largo plazo.
Las crisis económicas o malas decisiones de inversión podrían dejar a millones sin protección.
Se reducirían los aportes al sistema tradicional de la SSA, debilitando aún más su funcionamiento.
Incluso se evalúa una privatización parcial como alternativa intermedia. Sin embargo, esta opción también debilitaría el sistema público, ya que desviaría recursos hacia esquemas privados y reduciría el financiamiento general de los jubilados actuales.
Por ahora, no hay una legislación vigente que modifique el sistema de Seguridad Social en Estados Unidos. Sin embargo, el debate está sobre la mesa y gana cada vez más fuerza en los discursos políticos, especialmente entre sectores conservadores que proponen reformas estructurales al gasto público.