El Frente Amplio aseguró este lunes que en la Comisión Investigadora del Parlamento sobre el caso Cardama se identificaron “hechos de apariencia delictiva” vinculados a la contratación del astillero español encargado de la construcción de patrulleras oceánicas. En una conferencia de prensa, el diputado Joaquín Garlo señaló que el informe del partido dedica un capítulo completo a detallar las supuestas irregularidades detectadas en el proceso.

Garlo señaló la ausencia de “actos administrativos escritos” que justificaran las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama durante casi un año para que presentara una garantía, que posteriormente resultó ser falsa y expedida por una entidad bancaria europea inexistente, según la denuncia del gobierno de Yamandú Orsi en octubre de 2025, cuando se decidió rescindir el contrato.

Además, se denunciaron autorizaciones de pagos sin el control de la documentación correspondiente, sin traducción y sin apostillado.

El legislador responsabilizó principalmente al astillero por las maniobras con la garantía, pero advirtió que dichas irregularidades “no podían concretarse sin la acción u omisión” de funcionarios y representantes del gobierno anterior. Garlo anunció que las conclusiones de la comisión serán remitidas a la Fiscalía para que investigue los hechos que, a su criterio, revisten apariencia delictiva.

En la misma rueda de prensa, el senador Nicolás Viera atribuyó al expresidente Luis Lacalle Pou responsabilidad política por un contrato que, dijo, derivó en “un intento de fraude” caracterizado por la “opacidad” y la falta de controles. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, afirmó que “ya nadie discute que nos quisieron estafar” y acusó al exmandatario de haber acompañado y avalado la compra.

Las denuncias del Frente Amplio suman así una nueva etapa política y judicial en torno a la gestión de la compra de las patrulleras, que plantea preguntas sobre los mecanismos de control en contrataciones internacionales y la responsabilidad de los funcionarios que aprobaron y supervisaron el proceso.

El envío del informe a la Fiscalía abre la puerta a una investigación penal que deberá esclarecer si hubo delitos y determinar eventuales responsabilidades individuales.