Los diputados Guillermo Michel, Marianela Marclay y el senador Adán Bahl –los tres del peronismo- anunciaron que llevan adelante una demanda judicial contra el Estado uruguayo y la multinacional de origen chileno HIF Global por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

La denuncia tiene su argumento en un presunto incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y posibles daños ambientales irreparables, explicaron los tres legisladores de la provincia argentina de Entre Ríos.

Los legisladores fundamentaron su iniciativa en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en el artículo 319, en el entendido que existe un riesgo concreto de daño ambiental que debe ser evitado de manera anticipada.

El diputado Michel se mostró muy crítico con la respuesta del gobierno de la provincia de Entre Ríos frente al avance de este emprendimiento que busca producir metanol y gasolina sintética a partir de hidrógeno verde.

“Con la planta de combustibles sintético, el gobernador Rogelio Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo”, afirmó Michel. Por esta razón, defendió presentar una demanda judicial como herramienta para “impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”.

Para el diputado Michel el Estado uruguayo y la multinacional HIF Global deben explicar ante la Justicia argentina, en el marco de una demanda civil.

La denuncia del gobernador

En forma paralela, el gobernador Frigerio advirtió que analiza recurrir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para frenar la instalación de esta planta que se proyecta construir en el departamento de Paysandú, unida a la ciudad entrerriana de Colón por el puente General Artigas.

“No podemos permitir una nueva Botnia”, afirmó Frigerio en referencia al conflicto que mantuvieron Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa (actual UPM) en Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú.

Las autoridades de Entre Ríos y varias organizaciones ambientales y sociales de Colón han solicitado en diferentes instancias al gobierno de Uruguay que se relocalice la planta, que se proyecta construir en un padrón lindero al río Uruguay, al área protegida Islas del Queguay y a tres kilómetros de Colón.

Denuncian falta de estudios ambientales

Por su parte, uno de los puntos centrales de la denuncia de los legisladores entrerrianos se basa en la supuesta omisión por parte de Uruguay de presentar los estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un paso obligatorio según el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Botnia-UPM del año 2010.

La demanda plantea que Uruguay avanzó en el proyecto sobre el Río Uruguay de forma unilateral al otorgar permisos sin someter el proyecto al mecanismo bilateral de control.

“Uruguay avanza por fuera de la CARU, donde está obligado a presentar toda la documentación para que Argentina pueda evaluar el impacto en resguardo del ambiente y la sanidad del río”, señalaron los legisladores en una declaración conjunta.

En ese sentido, insistieron en que corresponde exigir la presentación de los estudios, frenar el avance de las obras hasta su evaluación y, eventualmente, recurrir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento.

Además, los tres legisladores solicitaron que se realice una pericia ambiental y para ello proponen que intervengan organismos técnicos especializados o un perito biólogo.