

La petición del legislador propone rastrear las gestiones y decisiones que se desembocaron en la firma y posterior rescisión del contrato, a incluir tanto la etapa en la que se concretó la contratación durante la administración anterior como la revisión y la ruptura del acuerdo en el actual gobierno.
Rodríguez fundó su iniciativa en la necesidad de comprender cómo se evalúan las capacidades operativas requeridas por la Armada y qué controles se aplican en cada etapa del proceso.
“La Armada expresó públicamente desde 2005 la necesidad de contar con patrullas oceánicas para el control del mar territorial uruguayo”, señaló Rodríguez a la hora de sustentar la conveniencia de ampliar la miradativa hasta esa fecha. Según el diputado, solo con un análisis histórico y documental integral podrán esclarecerse eventuales responsabilidades administrativas y políticas.

Política y alcance institucional
Rodríguez cuestionó además la propuesta del Frente Amplio de llevar la investigación al Senado, y defendió la competencia de la Cámara de Diputados para conformar la instancia: “En el Senado hay tres partidos y eso restringe, puede sesgar, limitar las herramientas para la participación y la debida investigación”, sostuvo, aludiendo a la representatividad plural que, a su juicio, ofrece la Cámara baja para una pesquisa de alcance nacional.
Integración de la preinvestigadora y primeras audiencias
La comisión preinvestigadora quedó integrada por los diputados Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, del Frente Amplio, y el nacionalista Juan José Olaizola. La primera sesión fue prevista para este jueves a las 9:30 horas, en la que está citada la presencia del propio Juan Martín Rodríguez en su calidad de miembro denunciante. El listado de citados posteriores no fue oficializado; la comisión deberá definir su plan de trabajo, cronograma de audiencias y requerimientos documentales.
Puntos clave a investigar
Entre los aspectos que la preinvestigadora deberá abordar figuran:
- El origen y la evolución del requerimiento de la Armada (2005 en adelante).
- Los criterios técnicos y administrativos utilizados para seleccionar al astillero Cardama.
- Las cláusulas del contrato, plazos y el detalle de los incumplimientos que motivaron la rescisión.
- Los mecanismos de supervisión y control por parte de autoridades estatales durante la ejecución del contrato.
- Posibles responsabilidades administrativas y políticas de funcionarios involucrados en las distintas etapas.








