El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este jueves que el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció un 0,41% en marzo respecto a febrero, situando la variación anual en un 2,94%, un descenso de dos décimas frente al dato de febrero y un nuevo mínimo histórico. La tasa se mantiene claramente por debajo de la meta del Banco Central (4,5%), lo que plantea un escenario de menor presión inflacionaria en el corto plazo, aunque con matices sectoriales que importan para hogares y políticas públicas. La desaceleración anual tiene que ver con comportamientos diferenciados por rubro. Los alimentos presentaron un incremento anual de 2,4%, por debajo del promedio del IPC, con descenso en precios de algunas frutas y hortalizas que alivian la canasta básica. En contraste, los costos vinculados a vivienda —energía, agua y servicios afines— subieron 4% anual, acumulando una presión por encima del promedio y afectando directamente el gasto fijo de los hogares. Sectores ligados a importaciones y a la cotización del dólar mostraron bajas pronunciadas: la vestimenta cayó 4,3% anual y el transporte retrocedió 2,2%. La tendencia responde en buena medida a la menor presión cambiaria en el último año; aunque el dólar subió en marzo, su cotización quedó 4% por debajo de la registrada en marzo de 2024. En el año móvil a marzo, y antes del ajuste vigente desde abril, el TLCAN acumuló una baja de 2% y el gasoil de 7%, aliviando costos de movilidad y logística. No todos los componentes favorecieron la caída inflacionaria. Los precios de servicios de salud y educación crecieron 5,7% y 6,4% anual respectivamente, por encima del promedio, manteniendo una fuente persistente de inflación para muchos hogares. Esta dinámica sugiere que, pese al esquema general de baja, existen presiones estructurales en segmentos donde el ajuste de oferta o la indexación de precios resulta más rígida. La inflación subyacente —que excluye combustibles y frutas y hortalizas— pasó de 3,1% a 3,5% anual, una señal de que la desaceleración no es homogénea ni totalmente transitoria. El aumento de la base implica que los precios relativos y los costos salariales pueden seguir generando inflación núcleo, lo que obliga a vigilar la evolución de los salarios, los acuerdos paritarios y la política monetaria.