El gobierno uruguayo anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, tras detectar incumplimientos que, según dijo el propio presidente, afectan garantías y ponen en riesgo el patrimonio del Estado. La decisión, luego del Consejo de Ministros, comunicada por el presidente Yamandú Orsi durante una conferencia en la Torre Ejecutiva, abre además la vía a acciones judiciales y la búsqueda de proveedores alternativos para dotar a la Armada de buques que refuercen la soberanía marítima nacional. “Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio del Estado uruguayo, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, dijo Orsi, acompañado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Según Díaz, el Estado ha cumplido “absolutamente todas las obligaciones” contractuales, mientras que las garantías presentadas por Cardama resultaron inválidas y generaron “dudas” que precipitaron la medida. El Ejecutivo explicó que la falta de garantías válidas constituye un incumplimiento grave que habilita la rescisión del contrato. Tras consultar con expertos de grado 5, el gobierno resolvió además iniciar procedimientos penales a través de la Fiscalía, una investigación administrativa para determinar responsabilidades gubernamentales, acciones civiles para cuantificar eventuales daños y perjuicios, y un procedimiento político-partidario en el Parlamento para revisar el proceso y sus consecuencias. Desde la cartera de Defensa se subrayó que, pese al revés contractual, la prioridad es garantizar que Uruguay cuente con patrulleras oceánicas. “En esta administración habrá patrulleras oceánicas”, afirmó Lazo, y Orsi detalló que ya se exploran alternativas en astilleros de países como Argentina, Colombia, Corea del Sur, India y Francia. También puntualizó la posibilidad de adquirir embarcaciones de porte similares o soluciones intermedias, incluyendo lanchas rápidas y la oferta de Estados Unidos para un navío que sirva como medida transitoria. Fuentes oficiales indicaron que hay entre cuatro y cinco opciones sobre la mesa, y que el gobierno evalúa tanto astilleros públicos como privados. La decisión de no limitar la búsqueda a un único proveedor responde, según Orsi, a la necesidad de diversificar riesgos y asegurar plazos y garantías contractuales que eviten la repetición de la experiencia con Cardama. La resolución abre además interrogantes sobre el seguimiento que se hizo al proceso de contratación original y sobre los mecanismos de control de garantías internacionales. Parlamentarios de oposición y especialistas en contratación pública ya anunciaron que seguirán de cerca las investigaciones administrativas y judiciales, y exigirán transparencia en la rendición de cuentas sobre los fondos y plazos involucrados. Mientras se definen las vías legales y administrativas, el Ministerio de Defensa y la Armada deberán planificar contingencias operativas para mantener el control del dominio marítimo, crítico para la vigilancia pesquera y la seguridad económica. El gobierno aseguró que la rescisión del contrato no implicará renuncia a renovar la flota, sino un replanteo de la estrategia para obtener las patrulleras “con garantías reales y cumplimiento verificable”. El Ejecutivo no divulgó el monto exacto ya desembolsado ni el cronograma de las nuevas negociaciones; pero fuentes cercanas al proceso señalan que la prioridad es recuperar el patrimonio invertido y acelerar la adquisición por vías que ofrezcan transparencia y respaldo contractual. En las próximas semanas se esperan anuncios sobre los pasos judiciales y las ofertas internacionales que el gobierno decidirá evaluar con prioridad.