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El primer mandatario aseguró este lunes que personal militar patrullará barrios con presencia de crimen organizado como parte de un plan para “redoblar el combate” contra la violencia.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario dijo que, tras reunirse con los ministros de Defensa, Interior y Economía, se reorientó la infraestructura de seguridad del país hacia ese objetivo.
Según informó el semanario Búsqueda y confirmó el ministro ante la Comisión de Diputados —según la versión taquigráfica—, el acuerdo contempla la puesta en circulación, en los próximos días, de doce vehículos Mamba del Ejército Nacional. Esos vehículos estarán afectados a operativos focalizados —mencionados como Dominio y Atenea— y actuarán “a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”, explicó el ministro.
Las autoridades plantean que el despliegue busca disuadir y prevenir homicidios en zonas conflictivas y reforzar los operativos ya planificados. Fuentes oficiales insisten en que la participación militar será complementaria y dirigida específicamente a tareas de patrullaje en los sectores con mayor incidencia delictiva.
Controversia
La decisión reaviva un debate público y jurídico sobre los límites del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Desde el gobierno se subraya que los efectivos actuarán bajo autoridad policial, una fórmula pensada para evitar confusiones en la cadena de mando.
Políticos de oposición y representantes vecinales ya anticiparon que fiscalizarán el operativo y exigirán información puntual sobre protocolos, alcance de las funciones militares y mecanismos de rendición de cuentas. También demandan datos sobre criterios de selección de barrios, duración del despliegue y medidas para proteger a la población civil.
Mientras tanto, en los barrios señalados crece la expectativa y la incertidumbre: algunos vecinos reclaman mayor seguridad tras episodios de violencia, y otros temen un endurecimiento en la convivencia cotidiana. El gobierno deberá en las próximas jornadas detallar el convenio con el Ministerio de Defensa Nacional y proporcionar garantías sobre la coordinación entre Ejército y Policía para que la medida avance con controles claros y respeto a los derechos ciudadanos.