En una economía global focalizada en la búsqueda del crecimiento y la estabilidad, cuyo objetivo primario es afianzar el empleo e introducir sus productos y servicios al mundo, y prestar servicios de alto valor agregado en el mercado local, se requiere de claras políticas públicas que incentiven un entorno de trabajo de calidad, seguro y confiable.

Si hablamos de las ventajas competitivas para la localización o retención de centros de servicios (call centers), debemos recorrer un solo camino: la creación de un marco regulatorio que incentive el desarrollo sustentable de esas actividades. Es decir, que balancee las condiciones laborales necesarias (capacitación, infraestructura, salubridad, jornadas laborales adecuadas) con la sustentabilidad económica de puestos de trabajo demandados.

Deberíamos trabajar juntos todos los actores (trabajadores, empresas, sindicatos, legisladores, Poder Ejecutivo) para ofrecer a la Argentina como una clara alternativa para la instalación y el mantenimiento de centros de servicios, fortaleciendo los factores de competitividad, las condiciones micro-económicas y promulgando leyes que promuevan su desarrollo sostenible.

Si definiéramos a estos servicios como actividades identificables, intangibles y perecederas, resultado de esfuerzos humanos y tecnológicos, donde se relocalizan los procesos de negocios caracterizados por altos volúmenes transaccionales, la utilización de mano de obra intensiva y la capacidad de comunicación y transmisión a destino, llevados a cabo con la calidad y competitividad que toda tarea diferenciadora requiere, entenderíamos por qué estas oportunidades crecimiento para el país debe ser apoyada e incentivada o al menos, no fijar marcos legales que la pongan en riesgo.

A veces nos encontramos con que existen normas que en su afán de perseguir fines nobles como los mencionados, terminan por provocar resultados no deseados. El proyecto de ley que impulsa la creación del Estatuto para Teleoperadores (Exp. 5047-D-2013) es uno de los ejemplos de esta situación.

Básicamente, lo que allí se plantea es la necesidad de brindar protección legal a los teleoperadores en el ejercicio de sus funciones, pero se deja de lado la dinámica propia de la actividad en la que estos servicios se desenvuelven.

Creemos que todo proyecto de ley en la materia, debe generar condiciones laborales que procuren incentivar la inversión en infraestructura, en tecnología y en capacitación, mejorar la prestación del servicio, y el ejercicio de las tareas. No obstante ello, las consecuencias no deseadas de iniciativas como la mencionada, afectaran de ser convertidas en ley, la sustentabilidad económica de las empresas que utilizan estos métodos para la venta, atención de clientes, asesoramiento, etc., y por ende el riesgo de pérdida del empleo genuino creado hasta el momento.

La amplia definición del concepto de teleoperadores dando cabida a que cualquier empleado que realice funciones laborales utilizando en alguna medida un teléfono y una computadora, sin importar la actividad a la que pertenece su empleador, generará innumerables conflictos y costos. Las condiciones económicas consideradas en el proyecto conllevarán en el mediano plazo a la pérdida de puestos de trabajos y favorecerá la informalidad.

Abordar estos problemas de manera inteligente y consensuada nos permitirá compartir entre todos los actores el objetivo último de encarar la creación de empleos y la protección integral del trabajador sin afectar el crecimiento de estas actividades en las empresas.