No sólo en nuestro país sino en el mundo entero los hombres de negocios son conscientes de que el contagio de la crisis sufrida por las economías viene impulsando a los Gobiernos a cubrir sus desfases presupuestarios intentando -entre otras cosas-, aumentar su recaudación impositiva, aduanera y de seguridad social.
Es ésta seguramente una de las más fuertes razones para explicar un fenómeno que se viene observando en los últimos tiempos entre los ejecutivos a cargo de la dirección empresaria en países desarrollados: su creciente preocupación e interés por el manejo de las decisiones estratégicas en materia tributaria, así como por el adecuado control del cumplimiento de todas las obligaciones que exigen las normas.
Esta tendencia ha sido consecuencia del alto impacto negativo que un inadecuado gerenciamiento puede provocar, no sólo en el plano económico (reclamos de diferencias de impuestos, aplicación de penalidades, costos de llevar adelante controversias, etc.) que de por sí pueden poner en riesgo la continuidad del negocio, sino también en términos de reputación de la imagen corporativa en el medio social, e incluso ante las mismas autoridades.
Es imperioso entonces identificar tales riesgos, ya sea que se encuentren dentro o fuera de la organización; y que el elenco ejecutivo entienda que la función de Impuestos se ha complejizado enormemente -en general y particularmente en nuestro país-, como consecuencia de distintos factores: un ambiente normativo y de control más extendido y de mayor sofisticación; posturas más agresivas de parte de los Fiscos que han venido cambiando sus tradicionales técnicas de verificación por otras mucho más desarrolladas; controles basados en información proveniente de otros países; incorporación de nuevas obligaciones con respecto a clientes y proveedores; etc.
Aparecen entonces interrogantes con respecto a las políticas y controles de la empresa que necesitan respuesta: ¿se encuentran los niveles directivos lo suficientemente informados? ¿cuentan los responsables internos de estas áreas con la suficiente preparación y con los recursos necesarios para su diseño y adecuada implementación? ¿existe un análisis oportuno de la posible evolución normativa que permita un posicionamiento adecuado frente a los cambios proyectados?¿existe una política de atención de requerimientos e inspecciones que evite malos entendidos con el consecuente riesgo de sufrir reclamos cuya improcedencia es difícil -y costoso- revertir?
Este panorama, se completa a su vez con la cada vez más extendida responsabilidad de los ejecutivos que puede poner en riesgo no sólo su patrimonio personal sino hasta incluso su libertad individual (p.ej. en nuestro país la reciente modificación al régimen penal tributario que, entre otras novedades, amplía su campo de aplicación a los tributos provinciales)
Se justifica así la pregunta del título; para la cual, en general y en base a nuestra experiencia, corresponde una respuesta negativa.
Suele considerarse que la problemática planteada tiene más bien que ver con ámbitos más sofisticados como sería el caso de las empresas multinacionales; e incluso dentro de éstas, con situaciones específicas con el régimen de precios de transferencia (control del precio fijado para las transacciones con compañías vinculadas del exterior), o el tratamiento de cargos recibidos de afiliadas. Muchas veces recibimos respuestas del tipo nuestra empresa no evade!, o ante la duda, siempre asumimos la posición más conservadora; ello no alcanza: es imprescindible generar mecanismos de seguimiento que permitan comprobar que la evaluación del riesgo (tanto en cuanto a política empresarial en la materia como a nivel de cumplimiento de obligaciones), es permanente.
Existe gran cantidad de riesgos de cuestionamiento. Identificar esas circunstancias con carácter preventivo es vital.
Sirvan como ejemplo las falencias en los sistemas informáticos que, no detectados a tiempo, generan incumplimientos en la actuación como agente de retención o percepción; o el caso de las llamadas facturas truchas. Aunque pueda parecer insólito, se observan casos en que la dirección de la compañía ignora que existan este tipo de documentos dentro de su circuito administrativo; sin embargo, en algunos casos se han descubierto como consecuencia de inspecciones desarrolladas por el Fisco. ¿Cómo explicar en esa instancia que, por ejemplo, fueron empleados desleales los que inocularon esos comprobantes con el único propósito de materializar un acto delictivo en perjuicio de la empresa; y que su existencia no ha respondido a un acto deliberado tendiente a evadir impuestos?
Como dijimos, estos son sólo algunos ejemplos de riesgos que es necesario identificar para evitar que la eventual controversia se produzca o, al menos, para que de concretarse resulte lo menos onerosa posible tanto para la compañía como para sus administradores. En definitiva, un adecuado manejo del riesgo tributario permitirá evitar sorpresas desagradables.
Los responsables de la dirección de la empresa deben participar activamente en las decisiones que hacen a los criterios tributarios de mayor trascendencia. Con ello se evitará que puedan existir riesgos que sean desconocidos para quienes en definitiva asumen las máximas responsabilidades sobre una materia altamente conflictiva y onerosa.