Cuando el próximo lunes 23 comience la 103ª Asamblea Plenaria del Episcopado, la atención estará puesta acaso más que otras veces en cómo aprecian sus miembros la situación y perspectivas del país y cómo será recibida luego su palabra, en el caso de que haya un pronunciamiento común tras la deliberación.
La consulta a algunos de quienes participarán de la reunión permite asegurar que el intercambio de opiniones y puntos de vista sobre la realidad nacional, tradicionalmente incluido como uno de los primeros puntos de la agenda, será abundante y de mucha importancia cualitativa.
El punteo, en efecto, incluye por una parte los propuestos cambios en la legislación sobre la familia, las decisiones tendientes a despenalizar cierto tipo de abortos y la manipulación de embriones, junto a problemas tales como la corrupción, que alcanza niveles importantes y coloca a la Argentina en lamentables puestos de vanguardia en el continente, según indicó días atrás el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano.
También la pobreza, el desempleo y el trabajo informal están en el centro de la atención de los obispos, que desde hace meses vienen llevando adelante encuentros con entidades y organizaciones del ámbito de la producción y del trabajo con un doble propósito: conocer de primera mano sus inquietudes, anhelos y propuestas y al mismo tiempo servir como instancia de contención para eventuales casos de desborde de conflictos.
Será ésta la primera cita plenaria del Episcopado con la presidencia del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, cuya llegada a lo más alto de la Comisión Ejecutiva llevó a algunos a creer en una revitalización de los vínculos entre la Iglesia y el gobierno, sin que hasta el presente se hayan producido avances concretos en ese sentido.
En el listado de tópicos que despiertan la preocupación de la Plenaria aparecen también la crispación que los obispos observan en muchos ambientes de la vida argentina, así como los reclamos en pos de la plena vigencia de las instituciones. Varios asistentes a la deliberación de la próxima semana recordaron al respecto los términos de la declaración La Patria es un don, la Nación una tarea, difundida el 10 de marzo de 2010 con motivo del comienzo de la conmemoración del Bicentenario.
Allí los obispos urgieron a recrear las condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación permanente que profundiza nuestros males y recordaron que la calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión de todos en la comunidad nacional. Por eso es necesario que los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía y complementándose en el servicio al bien común. Claramente ese llamado mantiene vigencia.