Luego de más de cuatro meses de intervención judicial y a la espera de la resolución del concurso, los directores de Vicentin decidieron presentar su renuncia indeclinable a los cargos que ocupaban en la compañía.Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain lo comunicaron en una carta dirigida al Juez del concurso, Fabian Lorenzini.

Los directivos justificaron su decisión al recordar que la cerealera se encuentra intervenida judicialmente desde fines de abril de 2025, cuando el magistrado designó a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg para asumir el control total de la firma por, en ese momento, 120 días hábiles. La medida, no obstante, es prorrogable.

"Desde entonces asumieron la gestión plena de la sociedad, y actualmente avanzan en el procedimiento de salvataje dispuesto por la Justicia. En el transcurso de los cuatro meses desde nuestro desplazamiento, hemos perdido todo contacto con la administración de la sociedad y con la intervención", asegura el documento al que accedió El Cronista.

En el escrito, los directivos subrayaron que, antes de la apertura del proceso de salvataje de la cerealera y en busca de la homologación de la propuesta concursal que había alcanzado junto a sus socias estratégicas Bunge, ACA y Viterra, Vicentin había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta se pronunciaba contra la sentencia de la Corte provincial, que ordenó a la Cámara de Apelaciones de Rafaela a dictar un nuevo pronunciamiento, lo que terminó por abrir el cramdown.

"A la fecha, el recurso continúa pendiente de resolución, y, de encontrar acogida favorable por la Corte Suprema de la Nación, la propuesta quedaría homologada y el cramdown, desvirtuado y sin efecto", puntualizó el escrito a la vez que reconoció que hasta el momento la Corte no se pronunció sobre esta situación.

Además, sumaron: "Apartados como estamos de la sociedad, tampoco mantuvimos contacto con los accionistas de la sociedad, de quienes no hemos recibido indicaciones ni instrucciones para la renovación de los contratos definitivos celebrados con los inversores estratégicos, cuya cuarta prórroga vence este viernes y que son los que la nutren de viabilidad y suficiencia al nuevo acuerdo preventivo".

Esta noticia llegó un día después de que se diera a conocer el análisis de valoración que había encargado Lorenzini, como parte del proceso de salvataje. El perito independiente Juan José López Forastier consideró un patrimonio neto negativo de casi u$s 1000 millones. Según el informe, al 30 de abril de 2025 los pasivos de la compañía ascendían a u$s 1275 millones, lo que superaba ampliamente los activos, que se estimaron en solo u$s 522 millones.

López Forastier también explicó la inviabilidad financiera de la empresa, al señalar que incluso con el mejor escenario de rentabilidad, Vicentin tardaría 95 años en cancelar su deuda, una situación que el perito calificó como "absolutamente absurda". El informe concluyó que las acciones de la empresa "carecen de valor de mercado". Este análisis se suma a la valuación de liquidación, que estimó el valor neto de los activos de la empresa en una cifra exigua de apenas u$s 252 millones, considerando sus plantas industriales y participaciones en empresas como Renova y Terminal Puerto Rosario.

Hoy, Vicentin está a la espera de la resolución de su proceso de salvataje. Si bien fueron 11 las compañías que se anotaron para participar del cramdown, solo cinco de ellas hicieron el depósito de garantía y dos grandes se aliaron para competir. La lista final de candidatos que podrán presentar propuestas para la concursada quedó conformada por Bunge, Grassi -en representación de Commodities-, Unión Agrícola Avellaneda y la alianza de Molinos Agro y LDC (Louis Dreyfus Company), ya que se presentaron de manera conjunta. Las empresas que se bajaron de la pelea fueron Atilio Marotte, Yabitel, Barbero Cereales y Bioenergías Agropecuarias.

El próximo paso en el proceso era la presentación del informe de valoración por parte del evaluador. A partir de ese dictamen, el juez Lorenzini deberá habilitar la etapa de adhesiones, en la que los acreedores decidirán si avalan alguna de las propuestas presentadas.