Vicentin: acreedores temen no cobrar por el freno al concurso y rechazan el cramdown

La mayoría de los acreedores de Vicentin expresaron su preocupación por la situación actual de la empresa, cuya estatización volvió a sugerir Alberto Fernández en declaraciones públicas, casi en simultáneo con la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de intervenir el concurso preventivo de la cerealera, a apenas días de que venciera el plazo que tenía la empresa para presentar el acuerdo para reestructurar sus más de u$s 1500 millones en default. El deadline era el 30 de junio. La propuesta de Vicentin implica el reconocimiento de la deuda en dólares aunque con una quita, en términos prácticos, de cerca del 70%. Una vez conseguido el acuerdo, avanzaría con los términos bajo los cuales su "trío de inversores estratégicos" -Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra- inyectarán capital en la empresa. La compañía ya tiene el aval de la mayoría de sus acreedores, muchos de los cuales están representados en el comunicado difundido este jueves. Todavía le resta cumplir con el otro requisito que fija la ley concursal: dos tercios del capital adeudado. Para ello, negociaba con un grupo de bancos del exterior. Sin embargo, todo eso quedó en incertidumbre tras la decisión de la Justicia santafesina de sacarle el concurso al juez de Reconquista Fabián Lorenzini y suspender todos los plazos del proceso, a raíz de un reclamo de Mariano Grassi, titular de Commodities S.A., un acreedor que rechaza ese salvataje y aboga por el cram-down -es decir, la conversión de deuda en acciones- por parte del Banco Nación, a quien Vicentin le debe u$s 300 millones. "La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de intervenir el proceso del concurso de la empresa Vicentin, que llevaba adelante el juez Fabián Lorenzini, resultó un duro golpe a las expectativas de cobro de más de 900 pequeños acreedores que habían aceptado la oferta de pago", expresaron, en un comunicado. "Según la información surgida en fuentes del juzgado de Reconquista, alrededor de 950 de los casi 1600 acreedores habían firmado su conformidad para aceptar la forma de pago de la deuda de la empresa. Cumpliendo, de esa forma, con una de las dos exigencias del concurso: la aceptación superba del 50% de los acreedores. Y, también, se estaba avanzando en lograr el apoyo del 65% del capital. Es decir, se cumplía con los términos legales para que homologara la propuesta", agregaron. Señalaron que Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, reconoció esta situación. Citaron declaraciones periodísticas del funcionario: "Tuvimos que actuar rápidamente porque la propuesta de pago, probablemente, iba a ser homologada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini". "De esa forma, dejó en claro que hubo una actuación política y que había una importante cantidad de acreedores que aceptaban la propuesta", remarcaron. "Se estaba esperando con alivio la homologación de la propuesta. Es que, con el pago inicial de u$s 297 millones en efectivo, se resolvía la situación de 792 acreedores, cuya deuda es menor a los u$s 30.000. Son productores del interior de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, que fueron muy afectados económicamente por el proceso concursal, que lleva dos años y medio", cita el comunicado a declaraciones de "un representante legal" de un integrante de ese grupo. "Tan víctimas como las empresas y bancos, (los acreedores) ven aparecer dos nuevos frentes de tormenta a su futuro", advirtieron. "Por un lado, la posibilidad de que la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe remueva al juez, se alarguen las discusiones judiciales y se ponga en peligro la continuidad de la actividad de la empresa", continuaron. "El otro temor es que se imponga la propuesta de algunos de los grandes acreedores, estableciendo el proceso de cram-down. Un escenario muy complejo, cuya experiencia en nuestro país ha sido un rotundo fracaso, y que, generalmente, terminaron con la quiebra", aclararon. "Lo cierto es que, por ahora, este grupo de acreedores observa en silencio como se le escapa la posibilidad de cobrar. Sienten que son mayoría, pero, a la vez, también los más pequeños, y eso los pone en una situación de desventaja. No tienen la misma fuerza ni los medios para imponer sus razones frente a los poderosos", finalizaron. El miércoles, en declaraciones al diario La Capital que difundió la agencia Télam, Grassi había afirmado que "es muy difícil" que la empresa "siga trabajando sin que el Estado acompañe". Aclaró que el Estado "no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin", sino que se inclinó por la "capitalización de deuda, teniendo una participación accionaria", como ocurre con otras empresas privadas. La misma idea que expresó Alberto Fernández, quien dijo que el cram-down ofrece "una posibilidad" para que el Estado tenga "una empresa testigo que ordene el mercado" agroexportador y de producción de alimentos. El Banco Nación es acreedor privilegiado de Vicentin, razón por la cual no está alcanzado por esta oferta de la empresa (esa negociación va por otro carril). Entre los acreedores de la empresa, también están el Banco Provincia de Buenos Aires y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Vicentin: acreedores temen no cobrar por el freno al concurso y rechazan el cramdown

Unos 950 de los casi 1600 acreedores de Vicentin defienden la propuesta de pago de la empresa, ahora en suspenso por la intervención del concurso por parte de la Corte Suprema de Justicia Santa Fe. Denuncian motivos políticos y se oponen a que el Estado sea accionista

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