No sólo el dólar tiene varios precios de referencia que van del oficial, pasan por el liqui, el ladrillo y terminan en el blue. También los atados de cigarrillos tienen su propio valor paralelo. Es decir, su propio blue. Es que en por lo menos 10 provincias, los kioscos aplican una tasa o un sobreprecio a la venta de los paquetes a sus clientes. Se trata de una práctica que ya lleva, como mínimo cuatro años y que obliga a los fumadores a pagar hasta $ 2,50 más por un atado en el segmento de marcas de mayor valor. Es más, a nivel nacional el 35% de los puntos venta aplican sobreprecio.

De esta forma, y según donde se resida, un Marlboro puede costar hasta $ 20; un Dunhill o un Lucky Strike, $ 21; Camel, $ 20; Derby, $ 18,50; L&M, $ 19 o un Particulares, $ 15,50.

Se trata de una conducta que está prohibida por la norma que regula el costo de los cigarrillos, la ley 110 de 1991 por la cual las empresas como Nobleza Piccardo y Massalin Particulares deben informar los valores de sus marcas cada vez que los modifican. De hecho, los atados se distribuyen bajo un régimen nacional de precios y llevan impresos en los envoltorios el valor legal.

Fuentes de las empresas que participan del 50 Coloquio de IDEA que se está desarrollando en Mar del Plata, consideraron ante El Cronista que la conducta de los kiosqueros está generando un grave problema a la industria y al fisco. Las empresas aseguran que la iniciativa nació en 2011 precisamente en Mar del Plata y que se distribuye una lista "apócrifa" que desarrolla el sitio www.infokioscos.com.ar. "Esto viola la ley de impuestos internos 24.674 y una resolución del Ministerio de Economía que específicamente prohibe que los precios de venta de los cigarrillos informados por las tabacaleras en los diarios sean alterados", aseguran en las empresas. También advierten que el principal perjudicado es el consumidor "que paga un valor más alto" y el Estado "que deja de recaudar impuestos por el excedente cobrado".

El problema es que la AFIP no está actuando para combatir este ilícito al cuestionar el alcance de la norma y por no tener facultades para controlar al no tener certeza sobre la viabilidad de la legislación.

Pero según las tabacaleras, los sobreprecios representan una recaudación adicional de $ 300 millones anuales que no llegan a las arcas de la AFIP. Por eso califican a la conducta como de evasión fiscal, teniendo en cuenta que el ente a cargo de Ricardo Echegaray es el encargado de recaudar los miles de millones de pesos que la industria del cigarrillo tributa por año.

Por caso, y teniendo en cuenta que casi el 70% del valor de un atado es producto de impuestos varios, para este año se estima que las tabacaleras rendirán ante la Afip entre $ 19.500 millones y

$ 20.000 millones.

La provincia de Buenos Aires, y más que nada esta ciudad balnearia, encabezan por lejos la plaza donde más sobreprecios pagan los fumadores. Pero también los sufren en Jujuy; Formosa; Chaco; Catamarca; La Rioja; San Luis; Neuquén y Río Negro.

Por ejemplo, en el GBA y la Provincia, el promedio de sobreprecio: es de $ 1 pero el máximo llega a $ 2,50. En Chaco, hasta $ 3; Neuquén y Río Negro promedian $ 1,50 y Jujuy llega a cincuenta centavos.

En la Capital Federal se detectaron algunos locales con estas irregularidades pero las autoridades porteñas intimaron a sus propietarios a cesar en esa práctica bajo apercibimiento de multas. No existe este problema, por ahora, en Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Los kiosqueros defienden esta modalidad argumentando que lo hacen por la baja rentabilidad que les deja la venta de cigarrillos y asegurando que "ofrecen un servicio". Lo mismo ocurre incluso con las cargas de tarjetas de celulares y hasta de la SUBE. La medida es más frecuente en los drugstores y locales que venden todo tipo de productos y permanecen abiertos las 24 horas.