Reclamos, preocupaciones, denuncias y objeciones de todo tipo han surgido en las últimas semanas contra el proceso de licitación de la tecnología 4G para celulares que el Gobierno entregará a las operadoras en octubre próximo. La subasta adjudicará frecuencias para desarrollar este nuevo sistema con el cual desde el kirchnerismo argumentan que se mejorará el servicio de telefonía móvil y con la cual esperan recaudar más de u$s 6.000 millones. El sistema se ofrecerá a través de las bandas de 1700 - 2100 Mhz y de 700 Mhz para 4G y también habrá una licitación del remanente de la red 3G que había adquirido Arsat en 2012, pero nunca usó.

Según la Resolución Nº 37/2014, las bandas de 4G/LTE se licitarán para la totalidad del área nacional, en tanto que el 3G se realizará según la división del país en tres áreas. Además, los operadores deberán garantizar la cobertura de las capitales provinciales, los corredores nacionales y las ciudades de más 500 habitantes en un plazo máximo de cinco años.

La resolución reserva además una porción del espectro para un futuro cuarto prestador, y el uso de las bandas licitadas tendrá una duración de 15 años.

Los operadores deberán instalar infraestructura que prometa altas velocidades que tendrán que ser cumplidas en al menos el 80% de los días hábiles y en el 90% de la red.

Hasta ayer, Telecom Argentina; Telefónica; Claro; Nextel; el Grupo Vila-Manzano y Cablevisión habían comprado los pliegos para participar de un proceso que parece caminar por un sendero de incertidumbre.

Es que hay reclamos del Grupo Vila-Manzano por las exigencias del pliego y el dinero necesario para participar, ya que entienden que deja fuera de carrera a las pequeñas empresas. Los dueños de Supercanal enviaron una carta a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) para quejarse sobre este aspecto ya que tienen intenciones de ofrecer el sistema como cuarto operador.

El pliego obliga, entre otros aspectos, a cada operador a invertir hasta u$s 1.500 millones para desplegar la nueva infraestructura de red para la 4G. Además, en el caso del cuarto operador, también tendría que contar con u$s 500 millones para espectro, pero su inversión en red duplicaría o hasta triplicaría a la de los operadores actuales, teniendo en cuenta que su cobertura geográfica será menor.

El lado de las preocupaciones llega de la mano de la postergada salida de Telecom Italia de su filial argentina con la venta al empresario mexicano David Martinez. Hasta ahora el Gobierno no aprobó la operación y, por lo tanto, el grupo italiano sigue siendo socio de los Werthein en la empresa que, en Europa, también tiene como accionista a Telefónica de España.

En 2012, cuando el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, declaró desierta la licitación de las bandas de 3G, entre los argumentos que usó para anular el procedimiento fue que no podía entregar una licencia a aquellos que no nos garantizaran la transparencia de la competencia en el mercado. Se refirió así a la integración monopólica de Telefónica y Telecom. También dijo en ese momento que las frecuencias ya otorgadas al sector privado deberían alcanzar perfectamente para que los casi 58 millones de celulares que hay en el país gocen de todos los servicios más avanzados. Lo hizo a modo de justificar la anulación de la licitación de 3G que ahora vuelve a ofrecer al sector privado. Y agregó que sus limitaciones en cantidad de terminales y en calidad de las prestaciones, dependen de las ingenierías y tecnologías aplicadas, no de los anchos de banda y frecuencias portadoras que les haya conferido el Estado. Ahora, al licitar las bandas de nuevo, De Vido parece pensar de otra forma. Actualmente, los argumentos utilizados por el funcionario acerca de Telecom y Telefónica siguen vigentes. Telecom Italia y David Martinez extendieron hasta el 25 de este mes el acuerdo para concretar la operación por la cual el dueño del fondo Fintech deberá abonar u$s 980 millones para quedarse con la mitad de Telecom Argentina. Sin embargo, ningún organismo regulador local emitió aún dictamen sobre la transacción. Y la fecha de licitación de la 4G está pactada para fines de octubre. En el mercado esperan ver de qué manera el Gobierno resuelve este problema en menos de 15 días.

Las denuncias y objeciones forman parte de un recurso interpuesto por la empresa de TV paga Telecentro, propiedad del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. ¿La razón?. La compañía debe abandonar la banda de 700 Mhz en la cual hoy ofrece sus servicios. Esa banda quedó reservada para la 4G. El problema es que el Gobierno no le notificó a la compañía en qué banda la reubicará, ni le ofreció algún tipo de resarcimiento por la pérdida de derechos que este desalojo implicaría. Así las cosas, el proceso de licitación tiene ya todos los condimentos para convertirse en otro polémico proyecto del kirchnerismo camino a navegar en aguas turbulentas y poco claras. El Cronista pudo saber que, mas allá de todas estas dudas, la Secom emitirá por estos días un comunicado reafirmando los plazos de la licitación y sosteniendo que el proceso no se suspenderá.