El nuevo impuesto propuesto por el gobierno mexicano sobre refrescos y cigarros ha encendido las alarmas en el sector de los pequeños comercios. Miles de familias que dependen de las tiendas de barrios se enfrentan a un futuro incierto, con la amenaza de un cierre masivo de negocios a lo largo del país.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha advertido que esta medida podría desencadenar una crisis económica que afecte directamente al corazón de los pequeños comercios.
El "Refrescazo", como se ha apodado al incremento del 87% en el impuesto sobre bebidas azucaradas, ha sido un duro golpe.
Qué ocurrirá con los comercios de barrio por el impuesto del Gobierno
Actualmente, los mexicanos pagan $1.64 de impuesto por cada litro de refresco, pero con el alza, el monto subirá a $3.08. La situación es aún más crítica para el tabaco, donde el aumento fiscal es del 200% por cajetilla, más un 79% adicional por cada cigarro. Los comerciantes temen que estos incrementos no solo desincentiven el consumo legal, sino que también impulsen el contrabando, afectando más sus ventas y, sus ingresos.
Según la ANPEC esta reforma fiscal podría llevar al cierre de entre 105 mil y 315 mil tienditas en todo México. Para dimensionar el impacto, la organización recuerda que un aumento similar en 2012 provocó la desaparición de 50 mil comercios de barrio.
Además, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) estima que los precios de refrescos y jugos podrían subir hasta un 15%, poniendo en riesgo aproximadamente 150 mil empleos directos e indirectos.
Los productos más afectados por el nuevo impuesto son los de consumo diario, como los refrescos, que representan casi el 30% de las ventas en estas tiendas, así como los cigarros. Esto golpea de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a estos productos.
La ANPEC, liderada por su presidente Cuauhtémoc Rivera, ha lanzado una campaña con el lema "¡No más impuestos que bajen la cortina!", argumentando que la medida no ayuda a la salud pública ni fortalece la economía, sino que golpea el bolsillo de las familias.