El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó la implementación de reglas más estrictas para los usuarios del transporte público. A partir de ahora, negarse a ceder el asiento cuando alguien lo solicite puede resultar en sanciones económicas y hasta remisión a un Juzgado Cívico. La medida forma parte de la campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”, que busca mejorar la convivencia entre los millones de pasajeros que utilizan el servicio diariamente. Las autoridades advierten que el incumplimiento de estas disposiciones quedará sujeto a la Ley de Cultura Cívica y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Las nuevas regulaciones ponen especial énfasis en cuatro grupos de pasajeros que deben recibir atención preferencial en todo momento: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y menores de edad. Estos usuarios tienen derecho a solicitar que cualquier pasajero les ceda su asiento, incluso si no están ocupando las sillas marcadas específicamente como espacios reservados. La negativa a acatar esta solicitud puede derivar en una falta administrativa que será evaluada por un juez cívico. El Gobierno de la CDMX reforzó que esta medida busca fortalecer la cultura cívica y garantizar que los espacios destinados a grupos vulnerables sean respetados sin excepción. Además de la obligación de ceder asientos, el STC Metro estableció un paquete de normas que todos los usuarios deben cumplir para evitar sanciones. Entre las más importantes destacan llevar las mochilas al frente o sobre las piernas (nunca en la espalda o el piso), esperar el tren detrás de la línea amarilla y no forzar las puertas cuando el vagón esté lleno. Otras prohibiciones incluyen correr dentro de las instalaciones, sentarse en el suelo de estaciones y andenes, rebasar la línea de seguridad sin estar abordando, y utilizar aparatos de sonido que generen molestias a otros pasajeros. También está prohibido ingresar en estado de intoxicación o transportar bultos que obstruyan la circulación. Las autoridades enfatizan que estas medidas no son sugerencias, sino disposiciones obligatorias respaldadas por la legislación local. El objetivo es reducir los conflictos entre usuarios y prevenir accidentes en zonas de alta concentración como pasillos y andenes. El Artículo 230 de la Ley de Movilidad contempla un amplio catálogo de infracciones que pueden derivar en multas económicas, trabajo comunitario o incluso arresto. Entre las faltas más graves están invadir vías o túneles, obstaculizar el cierre de puertas, fumar dentro de estaciones y arrojar objetos a las vías. Ocupar espacios exclusivos para grupos prioritarios sin pertenecer a ellos también está penado, al igual que dañar o grafitear instalaciones, realizar comercio ambulante dentro del sistema y obstruir zonas de circulación peatonal. Cualquier persona que cometa alguna de estas faltas puede ser remitida directamente a un Juzgado Cívico. Un juez será quien determine la sanción correspondiente según la gravedad de la infracción. Las autoridades capitalinas reiteran el llamado a la población para que utilice correctamente las instalaciones y contribuya a un servicio más ordenado, seguro y respetuoso para los 4.5 millones de personas que dependen del Metro cada día.