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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que toda persona que habite o se beneficie de un ecosistema está facultada para presentar un juicio de amparo con el fin de exigir su protección, aun sin demostrar un daño directo a nivel personal.
La decisión adoptada por el Máximo Tribunal en sesión plenaria el 24 de febrero sigue suscitando repercusiones en la actualidad, al modificar la interpretación del denominado “interés legítimo” y fortalecer el derecho constitucional a un medio ambiente saludable.
En términos prácticos, la Suprema Corte ha subrayado que la defensa de áreas naturales protegidas no debe limitarse únicamente a quienes puedan demostrar una afectación personal inminente, sino que puede extenderse a todos los usuarios del entorno.
Con este criterio, el máximo tribunal comunica un mensaje inequívoco: la protección ambiental no se considera un privilegio individual, sino un derecho colectivo asegurado por la constitución.
Análisis integral del Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca
El fallo se originó a partir de un amparo promovido por un miembro de la comunidad zapoteca que denunció omisiones de las autoridades ante ocupaciones y construcciones presuntamente irregulares dentro del Parque Nacional Benito Juárez, en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con los argumentos presentados, tales intervenciones podrían poner en peligro los servicios ambientales que proporciona la zona, tales como la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.
La resolución de la SCJN que continúa generando repercusiones al día de hoy, estableció que el juzgado federal que inicialmente abordó el caso no aplicó correctamente los criterios ambientales pertinentes.
En consecuencia, se ordenó la devolución del expediente para que se reanude el procedimiento y se obtengan pruebas adicionales sobre los posibles riesgos ecológicos.
El juez deberá ahora analizar el asunto bajo estándares más estrictos, con una valoración exhaustiva de los indicios de daño ambiental.
Principio de precaución y carga dinámica de la prueba: alcance y aplicación
Este principio se erige como un pilar en la toma de decisiones, especialmente en contextos donde la incertidumbre y el riesgo son predominantes.
Uno de los elementos fundamentales de la resolución es la reafirmación del principio de precaución.
La Suprema Corte estableció que la falta de certeza científica absoluta sobre el impacto de determinadas acciones en un ecosistema no justifica negar su protección.
El tribunal enfatizó la mencionada “carga dinámica de la prueba”, lo cual implica que las autoridades están obligadas a justificar sus decisiones y acciones en circunstancias donde pudiera existir un impacto ambiental.
Igualmente, los magistrados deben ejercer un papel proactivo y, cuando sea pertinente, obtener evidencias adicionales en presencia de indicios razonables de deterioro ecológico.
Además, es de suma importancia garantizar la transparencia en la gestión de los recursos naturales, facilitando de esta manera un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del medio ambiente.
El Parque Nacional Benito Juárez, que abarca 2,591 hectáreas, fue declarado área natural protegida el 30 de diciembre de 1937.
Este recinto alberga ecosistemas de bosque tropical caducifolio, así como de encino y pino y presenta una notable diversidad de especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios.
Situado en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, el parque desempeña un papel fundamental en la provisión de agua y en la regulación ambiental para miles de residentes.
Sus arroyos y manantiales proveen a comunidades adyacentes y ayudan a mitigar eventos climáticos extremos.
Con esta nueva interpretación judicial, toda persona relacionada con este entorno —sea por residencia, uso o aprovechamiento de sus recursos— tendrá la capacidad de acudir a los tribunales con el fin de exigir su conservación.
