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El panorama inmobiliario en México da un giro a favor de quienes rentan. Como iniciativa del gobierno federal de Claudia Sheinbaum se ha consolidado un programa de vivienda social que permite a miles de inquilinos permanecer en sus hogares con contratos extendidos y, lo más importante, sin enfrentar aumentos desmedidos en sus mensualidades durante un periodo de hasta dos años adicionales.
Esta iniciativa surge como respuesta a la inflación en el sector de bienes raíces, beneficiando principalmente a trabajadores y jóvenes que aún no cuentan con los requisitos para acceder a créditos de Infonavit. El objetivo es brindar estabilidad habitacional mientras los beneficiarios consolidan su capacidad de ahorro para un futuro crédito hipotecario.
Quiénes podrán acceder a contratos de alquiler extendidos sin pagar de más
El programa se enfoca en sectores que históricamente han quedado fuera de los beneficios tradicionales de vivienda, en este caso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que no cuentan con acceso a créditos hipotecarios.
Al formalizar estos acuerdos, el Gobierno actúa como mediador para asegurar que la renta se mantenga fija, permitiendo que el inquilino tenga la certeza de que su gasto mensual en vivienda no absorberá más del 30% de sus ingresos.
Para acceder a esta extensión de dos años sin “pagar de más”, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos de ingreso y no ser propietarios de otro inmueble. Según las reglas de operación publicadas recientemente en los canales oficiales de vivienda, el programa señaló textualmente:
“Los beneficiarios podrán suscribir contratos de arrendamiento con opción a compra, donde el monto de la renta no podrá incrementarse por encima del índice inflacionario durante los primeros 24 meses de estancia.”
Los inquilinos podrán convertirse en propietarios de los departamentos
Lo que hace disruptiva a esta medida es la opción de compra. Pasados los dos años de renta estable, el inquilino puede decidir si desea adquirir la propiedad. En este esquema, una parte de las rentas pagadas durante ese periodo se toma a cuenta del enganche, facilitando la transición de arrendatario a dueño de manera orgánica.
Este modelo no solo protege al inquilino, sino que ofrece incentivos fiscales a los desarrolladores y propietarios que se inscriban en el padrón del programa. La intención es reducir la brecha de vivienda en las grandes zonas metropolitanas de México, donde el costo de la tierra ha desplazado a las nuevas generaciones hacia las periferias.
Es fundamental destacar que este beneficio requiere un registro previo en la plataforma nacional de vivienda. Los contratos deben estar debidamente timbrados ante el SAT para garantizar que tanto el dueño como el inquilino gocen de la protección legal que ofrece esta nueva normativa de arrendamiento social en 2026.
Esta prórroga de dos años representa un alivio financiero crucial en un entorno económico volátil. Al eliminar la incertidumbre de las renovaciones anuales con aumentos arbitrarios, los mexicanos pueden planificar sus finanzas con una base sólida, garantizando un techo digno para sus familias sin comprometer su calidad de vida.
