Las protestas contra el "paquetazo" del Gobierno ecuatoriano, como se conoce popularmente a las medidas de ajuste dispuestas hace 10 días por la administración de Lenin Moreno y en las que destaca la eliminación del subsidio a los combustibles, se saldaron hasta hoy con siete muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, reportó la Defensoría del Pueblo en su último balance.

La convulsión social en Ecuador que comenzó el 3 de octubre, es la peor en más de una década, y también constituye un nuevo episodio de oposición al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Latinoamérica.

Posponen el diálogo

Si bien había gran expectativa por una primera instancia de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena para esta tarde, el encuentro se pospuso para solucionar asuntos operativos y de seguridad, indicaron la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas.

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— ONU Ecuador (@ONUecuador) October 13, 2019

En todo caso, altos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización indígena más importante de Ecuador, junto con otras como la Feine y la Fenocin, confirmaron su disposición a reunirse hoy mismo con el gobierno para tratar de "encontrar una solución" consensuada al conflicto social, encuentro que será transmitido por televisión en directo.

Tanto la Conaie como el presidente se comprometieron a revisar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles para responder al acuerdo alcanzado con el FMI en marzo sobre una inyección de u$s 4200 millones para el país, señaló europapress.

En todo caso, tanquetas patrullan hoy las calles de Quito, después de que la policía y los manifestantes chocaran y muchos desafiaran un toque de queda impuesto el sábado por Moreno, así como la militarización de la capital, lo cual alimentó las críticas del manejo que hizo el gobierno de las protestas.

Ante un desafío generalizado al estado de excepción, el ejército dijo que había levantado parcialmente las medidas de emergencia en la ciudad hasta las 01:00 GMT del lunes, pero resaltó que seguirían vigentes en las partes del norte de Quito, cerca de los puntos de conflicto.

Moreno presenta la disputa como una batalla entre Venezuela, el ex presidente Rafael Correa y otras fuerzas de izquierda, por un lado, y las ideologías más orientadas a los mercados, por otro.

En referencia a "fuerzas oscuras" vinculadas a Correa, la ministra del Interior dijo que un grupo de "vándalos" incendió nuevamente las oficinas de la contraloría, donde se almacenan documentos relacionados a una investigación sobre presunta malversación de fondos bajo el gobierno de Correa. Éste niega los cargos y llamó traidor a Moreno por volcarse a la derecha tras ser electo bajo una plataforma de izquierda.

Pero la Conaie, que abarca diferentes pueblos originarios a lo largo de Ecuador, y principal organización de las protestas contra la austeridad, fustigó a Correa como un "oportunista descarado". "El correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años", tuiteó. "Hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha".

Qué propone la CIDH

De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su total disposición al gobierno para realizar una visita de trabajo a la brevedad y consideró que el diálogo con los indígenas debería contemplar estos puntos:

1- Cese inmediato de la represión violenta de las fuerzas de seguridad en contra de quienes se manifiestan;

2- Fin de la escalada de la violencia por parte de algunos manifestantes;

3- Investigaciones exhaustivas e imparciales de las violaciones de DDHH registradas en el contexto de la crisis social;

4- Que las medidas de austeridad estén en línea con estándares internacionales, y que se consulten las medidas que impacten a la población y el ejercicio de derechos;

5- Consentimiento previo e informado, según correspondan, de medidas que afecten a pueblos Indígenas de Ecuador

Este mismo domingo el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, José Valencia, dijo que solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para el 15 de octubre, donde denunciará "el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por turbios intereses infiltrados en las manifestaciones".