El banquero español Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, ingresó anoche en prisión de forma provisional en el marco de una investigación por fraude financiero y mala gestión al inicio de la crisis.
De esta forma, se convirtió en el primer gran banquero español en pisar una cárcel por su presunta gestión fraudulenta durante los años en los que estalló la crisis financiera.
Sin embargo, el diario español Expansión precisa que Blesa podría ser liberado próximamente si deposita 2,5 millones de euros de fianza que le impuso la justicia.
El último caso de un alto directivo del sector financiero enviado a prisión ocurrió hace 20 años, cuando Mario Conde, ex presidente de Banesto, fue condenado por una trama de corrupción que estalló en 1993 en la entidad luego absorbida por el banco Santander.
La diferencia es que Blesa, de 65 años, no está condenado, de ahí que su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real, a la que fue trasladado anoche a última hora, pueda ser solo momentánea.
El ex directivo de Caja Madrid- entidad actualmente integrada en la nacionalizada Bankia- declaró ayer durante varias horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que lo investiga por dos querellas.
Su ingreso a prisión se deriva de una causa relacionada con la compra de un banco estadounidense, el City National Bank of Florida, cuya adquisición en 2008 pudo acarrear unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid, según el magistrado.
Por esta operación, el juez imputa a Blesa un delito societario de administración desleal o apropiación indebida en concurso con otros de falsedad de documento público, ya que la operación se hizo por el doble de lo que costaba y sin control desde Madrid.
El magistrado acusa al banquero de conducir a Caja Madrid al “colapso” y crear “la tormenta perfecta” en pleno “tsunami” económico al haber desembolsado un total de 754 millones de euros (927 millones de dólares) para adquirir el sexto banco privado del estado de Florida.
El juez envió a Blesa a prisión porque considera que existe “riesgo de fuga” y ante la “posible destrucción de pruebas”.