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Miles de manifestantes marchaban este viernes sobre La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en una jornada que marcó el punto más álgido de tres semanas de protestas que paralizan al país andino y lo sumergen en su peor crisis desde los años ochenta.
La imagen era contundente: campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros coparon las calles de la sede de gobierno, bloquearon accesos a la plaza de armas y cortaron la ruta al aeropuerto de El Alto. La capital quedó sitiada por una muchedumbre que no admite negociación.
“¡Que renuncie, carajo!”, gritaba la multitud mientras avanzaba entre el ruido de petardos y banderas indígenas hacia el centro de la ciudad. Frente al palacio de gobierno, cientos de policías antimotines custodiaban las rejas. Muchos comercios cerraron por temor a saqueos.
Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondeaban banderas indígenas, avanzaban entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad, donde ya hubo incidentes entre la Policía y algunos activistas, con pedradas y gases lacrimógenos.
Medio centenar de piquetes se registrabn en las vías del país este viernes, según datos oficiales. El gobierno de Paz reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.
Una economía que agoniza y un escándalo que afectó a las clases más vulnerables
La importación de gasolina adulterada encendió la mecha de la rebelión popular. Ese hecho golpeó directamente a miles de trabajadores informales que dependen de sus vehículos para subsistir. Lo que comenzó como un reclamo puntual se transformó rápidamente en una avalancha de demandas.
A la queja por el combustible se sumaron los pedidos de aumentos salariales y el reclamo por el costo de vida. La inflación llegó al 14% interanual en abril, un número que erosiona el bolsillo de los sectores más vulnerables.
“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dijo Melina Apaza, de 50 años, trabajadora de la región minera de Oruro, a la agencia EFE.
Los bloqueos de rutas generaron escasez de alimentos, combustibles y medicinas. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar a centros médicos a tiempo. Las pérdidas económicas acumuladas, según la Cámara Nacional de Industrias, ya superan los u$s 600 millones.
La ciudad de La Paz permanece aislada desde hace tres semanas. Los cortes provocan aumento de precios y desabastecimiento hospitalario. La crisis económica se retroalimenta con cada día de protesta, profundizando el malestar en una población que ya estaba al límite.
Un presidente acorralado con apenas seis meses de gestión
Rodrigo Paz llegó al poder poniendo fin a dos décadas de gobiernos socialistas: los de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y el de Luis Arce, entre 2020 y 2025. Hoy enfrenta la tormenta perfecta: una economía frágil y una calle que pide su cabeza.
El jueves, Paz intentó calmar las aguas con un llamado al diálogo. “Es tiempo de superar las divisiones históricas. La Patria está por encima de toda ideología, el bienestar colectivo debe prevalecer siempre sobre cualquier proceso político o posicionamiento individual”, afirmó el mandatario.
Pero el mensaje no alcanzó. Las palabras presidenciales no apagaron el fuego en las calles. Los manifestantes endurecieron sus posiciones y ya no hablan de negociar condiciones: piden directamente la renuncia.
Durante la semana, anunció una reorganización de gabinete con funcionarios de mayor “capacidad de escucha” y nombró un nuevo ministro de Trabajo. El gesto fue interpretado como insuficiente por los sectores movilizados, que lo vieron como una concesión tardía y cosmética.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, descartó usar la fuerza para despejar los bloqueos. La decisión de no reprimir evita una escalada, pero deja al ejecutivo sin herramientas inmediatas para recuperar el control territorial.
La voz de la clandestinidad: la COB desafía al gobierno
Sobre Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), pesa una orden de aprehensión por instigación pública a delinquir y terrorismo. Eso no lo detuvo. Este viernes apareció en un video grabado desde la clandestinidad.
“Pueblo boliviano, aquí desde la clandestinidad me dirijo a todos ustedes. Lastimosamente, la persecución política del gobierno ha llegado a la dirigencia”, afirmó Argollo en el mensaje difundido en sus redes sociales.
El dirigente rechazó con dureza el tono del presidente Paz. El llamado al diálogo fue interpretado como una provocación. “No ha habido una conferencia de prensa con respuestas claras a la población; más bien ha sido una provocación al criminalizarnos llamándonos vándalos a los dirigentes”, sostuvo Argollo.
El presidente Paz, en efecto, había calificado de “vándalos” a las autoridades de la COB, acusándolos por los daños y saqueos registrados durante la marcha del fin de semana anterior. Ese calificativo abrió una herida difícil de cerrar en las negociaciones.
Con la economía en llamas, la capital bloqueada, el líder sindical en las sombras y el presidente sin margen de maniobra, Bolivia vive horas decisivas. La pregunta que flota sobre La Paz ya no es si habrá cambios, sino cuán profundos serán y a qué costo.