En esta noticia
El Gobierno de Chubut avanzó con un nuevo esquema para aliviar el endeudamiento de empleados públicos provinciales.
La medida contempla la posibilidad de refinanciar saldos impagos de tarjetas de crédito del Banco del Chubut, con un período de gracia y un plazo extendido para cancelar las obligaciones.
La iniciativa se incorpora al Programa de Alivio Financiero que ya funcionaba para deudas con mutuales y cooperativas. A su vez, la Provincia impulsa un proyecto de ley que podría ampliar el alcance de estas herramientas a otros residentes con deudas en mora.
Cómo sería la refinanciación de las deudas de tarjetas
El nuevo esquema estaría destinado a trabajadores de la Administración Pública Provincial que tengan saldos impagos en tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut.
Según las condiciones anunciadas, la refinanciación contempla un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y la posibilidad de extender el pago hasta 72 cuotas.
La incorporación de las tarjetas amplía el programa de alivio financiero que la provincia ya había implementado para otras obligaciones. El Gobierno chubutense señaló que ese esquema había alcanzado a más de 600 familias.
Qué propone el proyecto para otros deudores de Chubut
Además de la medida dirigida a empleados estatales, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento.
La propuesta podría alcanzar a residentes de Chubut con deudas en mora correspondientes a tarjetas de crédito o préstamos personales, siempre que sus ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y cumplan con las demás condiciones que establezca la normativa.
En esos casos, el proyecto contempla créditos especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades que adhieran podrían ofrecer condiciones más favorables.
También habrá límites para descuentos sobre los salarios
El proyecto también incorpora medidas de protección para los trabajadores del sector público provincial. En caso de aprobarse, los descuentos vinculados con préstamos y otras obligaciones alcanzadas por la norma no podrían superar el 25% de la remuneración bruta.
Además, una vez aplicadas esas deducciones, el trabajador debería conservar un ingreso equivalente, como mínimo, al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las asignaciones familiares quedarían excluidas de cualquier descuento.
La iniciativa también propone un incentivo para que bancos y otras entidades adhieran al programa, mediante una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.