La Bribey Act, aprobada en abril de este año por el parlamento británico, es una ley que castiga los actos de corrupción que involucren tanto a empresas basadas en Gran Bretaña y sus territorios ultramarinos, como a sus representantes y subsidiarias en cualquier país. Si una empresa que opera en Argentina es subsidiaria de una compañía británica o realiza negocios en representación de ella debe responder ante esta ley.

Su alcance es mayor al de FCPA (ley anticorrupción norteamericana) y las penas previstas más duras. Una diferencia importante respecto de la ley estadounidense es que los responsables de las empresas cuyos empleados o representantes sean hallados culpables de sobornos deberán afrontar cargos, a menos que estén en condiciones de acreditar que han implementado un programa adecuado destinado a prevenir tales conductas.

Otra cuestión importante es que, además de penar el soborno de funcionarios públicos extranjeros, la ley castiga los actos de corrupción que involucren sólo a representantes de empresas privadas. Ninguna ley anticorrupción hasta ahora había extendido su alcance a los sobornos ofrecidos por empresas a otras empresas.

En conjunto, ambas cuestiones implican una ampliación del ámbito de lo que se castiga como corrupción, incluyendo a quienes ofrecen un soborno, a quienes lo aceptan y a las empresas que fallan en la prevención de estos delitos, sin importar que el hecho involucre al sector público o no.

En todos los casos la responsabilidad alcanza a las empresas aún cuando el soborno no involucre directamente a sus empleados o responsables, sino que se haya producido a través de subsidiarias, agentes o terceros. En materia de penalidades la Bribery Act lleva a un máximo de diez años de prisión las penas aplicables a los individuos responsables y no pone límites a las multas aplicables a las compañías.

La entrada en vigencia del Acta ha sido pospuesta hasta abril de 2011, a la espera de que la Secretaría de Estado publique una serie de recomendaciones, no taxativas, para que un programa sea considerado adecuado. La posposición intenta darle un tiempo a las compañías para que se familiaricen con la ley y sus disposiciones.

Las empresas que pudieran verse alcanzadas por la ley y no cuenten con un programa anti corrupción deberán ponerse al día en este sentido, y aquellas que ya cuenten con políticas en la materia tendrán que evaluar su validez a la luz de las nuevas exigencias. Un buen programa de prevención debería contemplar las mejores prácticas en la materia, y no sólo el cumplimiento con las obligaciones legales.

Es importante recordar que al incluirse como delito el fallo en la prevención, los responsables de las empresas sólo podrán verse eximidos de su responsabilidad penal si pueden demostrar que han implementado un programa de prevención de acuerdo con las recomendaciones, que probablemente intenten mejorar los estándares vigentes.