El avance de la tecnología abre un nuevo camino en el proceso judicial. Hoy, casi toda la información que podría ser necesaria como prueba en un litigio, puede hallarse en soportes digitales, como teléfonos móviles, computadoras y hasta impresoras. Los antecedentes de casos concretos en nuestro país indican que este tipo de pruebas, debidamente detectadas y manipuladas por expertos en informática forense, han sido aceptadas e incorporadas en expedientes por jueces y fiscales.
Anteriormente los fraudes internos y cualquier violación de la Ley por parte de competidores podían ser probados solamente mediante confesiones de partes involucradas y respaldadas con documentación impresa en archivos. Hoy, los jueces avanzan en el reconocimiento y en la aceptación de la información extraída de dispositivos digitales sin afectar la información original. A través de peritos y tecnología especializada se puede garantizar la condición de validez de la prueba recolectada en soportes digitales, condición fundamental para que sea aceptada en un litigio.
En este contexto, profesionales del ámbito técnico y legal deben contemplar el límite a la invasión de la privacidad de las personas y, sobre este punto, cabe analizar dos escenarios. Primero, cuando el pleito es entre dos empresas, la determinación de buscar una prueba en soportes digitales debe ser acorde a la necesidad del delito a probarse. No se podría plantear en un tribunal un pedido para analizar toda la información digital de la empresa demandada para este cometido. No tendría éxito porque una medida de estas características implica un riesgo a la continuidad del negocio de la demandada. Asimismo, un demandado no podría aducir que cierta información brindada puede ser considerada suficiente. Es necesario definir puntos de pericia acordes al objeto de la demanda para que los expertos en informática forense conduzcan la recolección de la información y determinen la existencia de prueba.
Por otro lado, el límite a la privacidad está impuesto por los derechos del empleado. Si bien las organizaciones proveen a su fuerza laboral de computadoras o teléfonos móviles es importante que cada empleado conozca inicialmente que todo esto pertenece a la compañía y que es provisto para desarrollar las actividades inherentes al negocio. Asimismo, la difusión de las normativas y reglas de uso internas, la capacitación en prevención de fraude y el consentimiento del empleado sobre estos temas, garantizan la posibilidad de utilización de la información almacenada en cualquiera de estos dispositivos como prueba en un litigio, sin violar derechos individuales.
Si bien el 80% de las investigaciones realizadas mediante la utilización de la informática forense no llegan a la justicia, la resolución favorable de la contienda requiere de fundamentos sólidos basados en pruebas verídicas y adecuadas. Para lograr el éxito en la obtención de este tipo de pruebas es vital que los profesionales trabajen desde el momento en que se detecta la presunción del delito, ya que su conocimiento y las herramientas tecnológicas que utilizan para su labor son la garantía de que el resultado de la investigación contemple todos los requisitos que requiere un juicio.