A la hora de analizar la cuestión tributaria y su incidencia sobre todos los agentes económicos, es muy importante tener en cuenta, además de la presión legal a nivel nacional, la presión que ejercen los niveles subnacionales de gobierno, esto es provincias y municipios. Si bien la carga tributaria aplicada por estas jurisdicciones es menor a la del ámbito nacional, existen numerosos factores distorsivos que terminan afectando el bienestar de toda la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, podemos considerar el ya debatido impuesto a los Ingresos Brutos (IIB), que constituye la principal fuente de recaudación propia de las provincias y que genera múltiples distorsiones en las actividades productivas. Por otro lado, a nivel municipal nos encontramos con la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), un tributo de similares características que el Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava a las actividades productivas y que en la práctica funciona como un verdadero impuesto (de una muestra de los 100 municipios más grandes del país, se detectó que 3 de cada 4 cobran la tasa como un porcentaje sobre las ventas brutas netas de IVA). A las alteraciones generadas por el funcionamiento en sí mismo de estos tributos, se le adiciona la alta heterogeneidad en el modo en el que las distintas jurisdicciones gravan la actividad, coexistiendo una cantidad variada de tasas, impuestos, bases imponibles, montos mínimos y otras características de lo más diversas. Un punto no menor en el análisis de la presión tributaria subnacional es el de nuevas tasas municipales, tales como la tasa de abasto o la tasa de publicidad, que persiguen un fin meramente recaudatorio y cuyo impacto se ha acentuado en los últimos años.

Analizando la evolución que han tenido el IIB y la TSH en los últimos años, nos encontramos, de acuerdo a un estudio que viene realizando Ieral desde hace 4 años, con que la presión legal promedio para todas las provincias ejercida por el IIB habría pasado de 1.8% (sobre las ventas netas de IVA) en el 2002 a 1.82% en el 2003, y a 1.84% en el 2004 y 2005. Por su parte, la carga legal promedio que ejerce la TSH para una muestra de 100 municipios de todo el país habría ascendido desde 0.58% en el 2002, a 0.60%, 0.61% y 0.62% en los años 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Estas cifras nos muestran que la presión conjunta de estos dos tributos ha venido aumentando, si bien se habría mantenido relativamente constante durante el último año. De todas maneras, estas cifras constituyen promedios, si uno desagrega por grupo de actividad puede observar que hubo sectores de la economía que se vieron más perjudicados que otros. Para mencionar sólo algunos ejemplos: en el año 2005, la Provincia de Entre Ríos eliminó la exención dispuesta por el Pacto Fiscal a las AFJPs y las comenzó a gravar con una alícuota de ingresos brutos del 3.5%; a nivel municipal, la Ciudad de Salta aumentó del 1.2% al 2% las alícuotas de TSH que gravan a los bancos y a las AFJPs, la Ciudad de Concordia aumentó de 5% a 5.4% la presión sobre AFJPs y telefonía, también con suba de alícuotas para otras actividades, y San Martín de Mendoza aumentó los cargos fijos de una manera importante.

Resulta interesante analizar, en forma paralela, lo sucedido con los recursos que reciben estas jurisdicciones de esferas superiores de gobierno. Por un lado, las transferencias que absorbieron las provincias por todo concepto en el año 2003 fueron un 30% más altas que en el 2002 y, a su vez en el 2004 crecieron un 44% respecto al año anterior; por otro lado, el aumento de los recursos propios de las provincias fue del 35% entre el 2003 y el 2002 y del 26% entre el 2004 y el 2003. Si bien los datos disponibles para el 2005 aún no son completos, se detectó que las transferencias automáticas de nación a provincias habrían aumentado un 19%. Todos estos aumentos en los recursos de provincias se hacen extensivos a los municipios, considerando que la coparticipación desde provincias a municipios se realiza de manera proporcional en casi todas ellas (excepto San Juan y Jujuy). En consecuencia, ambos niveles de gobierno habrían recibido un importante flujo de recursos desde órbitas superiores en los últimos años.

En síntesis, en el año 2004 observábamos que a pesar que los ingresos de provincias y municipios se habían incrementado, la presión fiscal ejercida por estas jurisdicciones había aumentado. En el año 2005, detectamos que los ingresos continúan con el ciclo ascendente, mientras que la presión habría tendido a estabilizarse. Se produce un gran interrogante de cara al 2006 en materia de presión fiscal. Es muy difícil predecir, ante un desafío de mayores presiones de gasto, qué sucederá con la carga frente a este aumento de necesidades. Lo deseable sería que estas jurisdicciones encaren este desafío sin recurrir nuevamente a aumentos de presión tributaria, que en definitiva terminan recayendo sobre sus propios habitantes a través de mayores precios de los productos o servicios que consumen.