Las acciones no se limitaron a rastrear a quienes compraban televisores de LCD, se iban de vacaciones o usaban autos de lujo. No todas fueron grandes operaciones para llamar la atención. Lo que dejó la ley Montoya hoy pasa más por los tribunales, en un cauto silencio, que por los medios. Un laberinto legal que incluyó amparos, pedidos de per saltum y cruces entre el gobierno y varias asociaciones civiles rodeó el nacimiento de dicha ley que, entre sus puntos más conflictivos, otorgó facultades especiales a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires para embargar cuentas y bienes a los deudores del fisco bonaerense. Nueve meses más tarde, desde el organismo se informó que en total se embargaron las cuentas de 75.884 grandes contribuyentes y que se iniciaron más de 61.000 juicios de apremio. ¿Qué pasó para que una la ley que tiene pendiente una resolución sobre su constitucionalidad arroje semejante balance? “Se aminoró un poco la libre disponibilidad (de la Subsecretaría) porque sacaron otra ley que dice que para poder embargar tienen que tener una causa judicial en trámite , resumió el abogado Gustavo Demarchi, apoderado en esta causa por la Asociación por la Defensa del Contribuyente (Adecon), que el año pasado impulsó un pedido de amparo y logró una medida cautelar que frenó por primera vez a los sabuesos de Santiago Montoya. Paso a paso La historia comenzó en enero de 2006 cuando la legislatura provincial aprobó la ley 13.405, una reforma al Código Fiscal que le permitió al organismo que conduce Montoya embargar, inhibir o secuestrar bienes por deudas fiscales sin autorización judicial (ver recuadro). Más que “superpoderes , para Demarchi la ley le daba facultades manu militari al organismo, “porque obviaba la intervención de la justicia y contradecía el artículo 18 de la Constitución y todas las garantías constitucionales que determinan que nadie puede ser privado de sus derechos si no es mediante sentencia o intervención judicial . Con esos argumentos, presentó un recurso de amparo, la causa Nº 68.553 “Adecon c/Poder Ejecutivo Bs. As. s/inconst. art. 2 ley 13405 , a la que el juez Enrique Arbizu comenzó a hacer lugar con una medida cautelar de no innovar. Cuando la provincia de Buenos Aires se notificó, el Ministerio de Economía adujo que el caso era de competencia originaria de la Corte, explicó Demarchi, por lo que el expediente quedó impedido y a la espera de la resolución de la cuestión de fondo. En paralelo a esta presentación, la legislatura sancionó la ley 13.529 e incorporó una frase que alejó la controversia, al menos por un tiempo, y permitió seguir con los embargos. “Insistiendo con la intención de embargar directamente, a similitud de la AFIP-DGI de la Nación, la provincia envía una modificación a la ley 13.405 donde le autoriza a embargar e intervenir siempre que haya una causa judicial en trámite y eso después pueda ser corroborado por la justicia , contó Demarchi desde su despacho en Mar del Plata. Los parecidos con la regulación nacional no son casuales sino que el propio Montoya se encargó de resaltar que la nueva ley era una copia textual del capítulo de embargos del código fiscal de la AFIP. Subiendo la apuesta, en aquellos días dijo que criticar esa norma era cuestionar el modus operandi de la DGI misma. En síntesis, gracias a la nueva cláusula y a la intervención de la Corte provincial, se levantó la medida cautelar y se pudo continuar con la política de embargos. Los primeros resultados se dieron a conocer en los últimos días, cuando el organismo bonaerense presentó el primer balance. Según se desprende del informe interno realizado por funcionarios de la dependencia bonaerense, en los nueve meses de vigencia de la nueva ley se dispusieron embargos en más de 75.884 cuentas bancarias de grandes contribuyentes que tenían deudas con el fisco por más de $ 2.000 millones y se iniciaron 61.125 juicios de apremio. Al margen de estas cifras, para el abogado marplatense hay una cuestión que subyace a esta ley en particular. “Acá se identificó a toda una institución con la persona que ejerce la dirección , sostuvo. Para Demarchi, más grave aún es cuando esta situación se traslada a la justicia. “El Poder Judicial se identifica tanto con el Estado que uno termina litigando en un ámbito donde el juez se siente parte en lugar de árbitro. En el concepto republicano, el Poder Judicial está para controlar al Estado en sus excesos y no para convertirse en encubridor del mismo , dijo. Por eso, sostuvo que en caso de que la Corte avale la ley 13.405 se produciría un escándalo jurídico, “porque realmente no tendría sentido la existencia del Poder Judicial . Mientras la Corte estudia este tema, Montoya sigue con su lucha contra la evasión y ya anunció un nuevo plan para estas vacaciones de invierno, con el que buscará detectar a los deudores en los principales centros turísticos del país.