Hoy la relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nuestro país es buena. La Argentina (al igual que en la primera revisión) sabe que cumple los objetivos cuantitativos, los fiscales y los monetarios y transita una fuerte reactivación económica. Por otra parte, del lado del FMI, el organismo sabe que no existen incumplimientos formales de parte de nuestra nación, la emergencia social argentina sigue siendo muy importante; en tanto que la creación del sindicato de Bancos y el ajuste parcial de tarifas de algunos servicios públicos ayudan a mejorar la buena fe requerida, tanto a cargo de la Argentina en la postergada reestructuración de su endeudamiento público, como desde el FMI a la hora de aprobar la segunda revisión del Acuerdo vigente.
Luego, el escenario más probable de marzo 2004 no contempla el default con el FMI. Sin embargo, será cada vez más difícil para la Argentina mantener el actual equilibrio de cornisa en la relación con el principal organismo financiero internacional. En lo que resta del presente año, no sólo debe ser llevada a cabo la reformulación de contratos en servicios públicos; por otro lado –en el frente fiscal– el gobierno nacional tendrá que reestructurar su deuda pública, deberá consensuar los resultados fiscales primarios de los próximos dos años y la Argentina tendrá que contar con un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.
Estos compromisos, no sólo fortalecerían la relación con el FMI, sino que además posibilitarían la transformación de la presente reactivación económica en crecimiento sostenido.
Hasta ahora, la política económica argentina ha sido gradual y esta característica no impidió la recuperación de nuestra economía, puesto que ha operado también la racionalidad económica. Es indispensable entonces que este tipo de política económica se mantenga en la discusión con el FMI respecto de los excedentes primarios fiscales durante los años 2005 y 2006. La Argentina y el FMI, más que discutir sobre el nivel del superávit primario del próximo bienio, tendrán que consensuar el mejoramiento de la calidad del mismo. En la actualidad, el ahorro fiscal primario consolidado alcanza el 3% de nuestro Producto (PIB), pero si excluimos a los impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones y tributo a las transacciones financieras) y sinceramos los salarios y jubilaciones del sector público nacional, luego se mantendría el 3% del PIB como resultado primario, aunque dejaría de ser ahorro y pasaría a ser déficit fiscal.
El desafío entonces, respecto a este punto (los próximos años de superávit primario fiscal), debería ser mejorar la calidad del actual elevado superávit primario, en extremo manteniendo el 3% del PIB sin que existan tributos distorsivos.
Otra exigencia, en el frente fiscal, del acuerdo con el FMI es el reemplazo del engorroso régimen actual de coparticipación de impuestos. El sistema de reparto que hoy existe además de ser un laberinto, es injusto en la distribución secundaria y por lo tanto muy difícil la implementación política de su modificación. La única forma de que el Congreso sancione una nueva Ley de Coparticipación (más sencilla, transparente y justa) es agrandando la torta a distribuir entre las provincias, para que no haya más perdedores que ganadores en el nuevo régimen. Parte del seguro sobrecumplimiento de las metas fiscales con el FMI para este año podría ser aplicado a una mayor coparticipación desde la Nación a las provincias si se pretende modificar de una vez por todas (y para mejor) el presente sistema de reparto de impuestos; acción que viene siendo postergada desde hace una década.
Por último, una muy importante exigencia fiscal del acuerdo con el FMI es la reestructuración de la deuda pública, que además de ser aceptada por los acreedores debería ser la única, evitando que en el futuro exista una nueva cesación de pagos. Si al actual menú de bonos (todos de renta fija) se le adiciona una posible renta variable atada a un exceso de crecimiento económico, luego la oferta oficial sería más atractiva para los tenedores de deuda en default. En la medida que se mejore día a día la calidad del superávit primario fiscal actual (que concluido ese proceso se empiece a acumular recursos en un fondo anticíclico fiscal) y con una nueva y mejor coparticipación federal de impuestos (que vaya de la mano de una mayor descentralización de algunos impuestos nacionales); la solvencia fiscal intertemporal se irá logrando y con ella (al igual que Chile en las últimas dos décadas) el crecimiento económico sostenido; único camino que permitirá alcanzar una aceptable y única reestructuración de nuestro endeudamiento público.