Resulta más que interesante analizar el reparto provincial del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, que administra los recursos destinados a la construcción de caminos, rutas y puentes. Una clara discreción en la distribución de recursos generó ganadores y perdedores entre las provincias, sin tener en cuenta las necesidades reales de cada distrito.

Por decisión del Congreso, plasmada en la Ley de Presupuesto 2005, los recursos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad aumentaron 100 millones de pesos respecto al Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo tres meses antes. Pero el reparto de los fondos para construir rutas y caminos no fue parejo para todas las provincias. Mientras el presu puesto destinado a algunos distritos, como Santiago del Estero, disminuyó en más de 30% luego del debate en el Congreso, en La Rioja aumentó 400% y en Jujuy 390%.

Las provincias que en 2005 recibirán mayor proporción del presupuesto son Córdoba, que percibirá 13,2% (195 millones de pesos), y Santa Cruz, que se llevará 12,9% ($ 191 millones) del presupuesto de vialidad respectivamente. De esta manera, estas provincias tendrán una porción tres veces mayor que el promedio asignado a las demás jurisdicciones, que apenas alcanza 4%.

Del detalle de las cuentas públicas de las dos grandes beneficiadas surgen mayores diferencias. En el caso de Santa Cruz, el Congreso Nacional redujo en 20% su presupuesto, que ascendía a $ 240 millones en el Proyecto de Ley del Ejecutivo. Sin embargo, la diferencia fue más que compensada por el alto porcentaje del total de inversiones en obras públicas que acumuló la provincia. Este porcentaje pasó de 3,4% en 2003 a 14,5% en 2004, luego de la asunción del presidente Néstor Kirchner, ex gobernador de la provincia.

En términos per cápita, Santa Cruz se benefició durante 2004 con un aumento de 10 veces el monto recibido en 2003. Esta tendencia, lejos de aminorarse este año, se profundizó. En 2005 la provincia recibirá 20 veces más de lo que percibirá el promedio de las 24 jurisdicciones. A modo de ejemplo, Chubut, una provincia de extensión similar en términos de los kilómetros cuadrados, recibirá la cuarta parte del monto asignado a Santa Cruz.

Un análisis similar puede hacerse con Córdoba. Como consecuencia, las provincias que más necesitan los recursos disponibles, según criterios de desarrollo, no son en absoluto las que se ven beneficiadas con el reparto discrecional de los fondos. Tal es el caso de San Juan, Catamarca, Corrientes o San Luis, que tienen una participación menor a 1% del total.

No obstante, existe un importante aumento de los recursos destinados a la construcción de caminos, en términos per cápita, en provincias con bajo índice de desarrollo como Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Entre Ríos. Pero por otro lado, provincias como Jujuy, La Rioja o Misiones, por el contrario, ven reducida su participación en el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, tanto en comparación con otras provincias como en relación a su cantidad de habitantes.

Si bien es posible que muchas de las disminuciones que se observan entre 2003 y 2005 se relacionen con la finalización de las obras, los incrementos no obedecen a criterios objetivos basados en las necesidades de cada región. Lejos de solucionar el problema, la tendencia se agudizó con los cambios hechos por el Congreso al Proyecto de Ley, plasmados en la Ley de Presupuesto 2005.

El significativo aumento del monto destinado a obras públicas y el debate en torno al mismo muestra un giro en la política económica: la búsqueda de crecimiento y generación de empleo mediante la inversión en obras públicas. Sin embargo, no parece haber un cambio real en la modalidad de la distribución de los recursos sin criterios explícitos que promuevan mayor equidad. Así, la necesidad de evaluar los criterios distributivos del gasto, en particular de la inversión pública, uno de los ejes centrales de la política de desarrollo del Gobierno, sigue siendo una asignatura pendiente.