Concluye un año que comenzó con la batalla por las reservas del BCRA y termina con la batalla campal del Parque Indoamericano y otras ocupaciones ilegales.

La muerte de Kirchner agudiza las contradicciones y aumenta la tensión interna en el gobierno entre quienes aprovechan su ausencia para adecentar el local (FMI, Club de Paris, G-20, Indec) y quienes la usan para profundizar el modelo.

Pero es claro que esas contradicciones existen desde mucho antes de su muerte. El dólar competitivo no implica otra cosa que bajos salarios reales. La puja distributiva es la manifestación de esa situación. Las ventajas que logran los sectores sindicalizados las pagan los marginales porque “en promedio el salario real se mueve en sentido contrario al tipo de cambio real.

Políticas similares en otros países de la región agravan la situación interna al provocar migraciones desordenadas de gente desesperada.

Pero el problema no son las migraciones sino la anomia con la que se mueve el gobierno. Todos, residentes y no residentes, nacionales y extranjeros tendrían que respetar la ley y cuando no lo hacen, deberían afrontar las consecuencias. Sin embargo, como el Estado no exige el cumplimiento de la ley mediante la coacción cuando es violada, la norma jurídica como tal ha dejado de existir.

El “desalojo pacífico implica el no-desalojo, ya que no hay otra forma de concretarlo que darle a los usurpadores algo a cambio de aquello de lo que se apropiaron y, al hacerlo, se entrega a los ocupantes un nuevo objeto sobre el cual concretan su ocupación.

Pero lo peor del modus operandi inaugurado es el mal ejemplo que irradia al resto de la sociedad ya que el último límite que sostiene el orden social es la capacidad del Estado de imponer la ley mediante el uso de la fuerza pública.

La renuncia conciente a esa posibilidad puede causar muchas muertes. De donde resulta como paradoja que el modo más “pacífico de concretar el desalojo de los espacios públicos o privados usurpados consiste en la coerción, o amenaza creíble de restablecer el orden jurídico, y en la coacción, o uso de la fuerza pública.

Cuanto más creíble sea la coerción, menos violencia deberá acompañar a la fuerza pública en la etapa coactiva.

En un no-Estado (Estado en el que no se aplica el derecho que dicta) escaseará la inversión y se crearán menos puestos de trabajo y de menor calidad. Los sectores humildes serán los más perjudicados ya que recibirán menores salarios y tendrán menos acceso a bienes durables (viviendas, servicios públicos, seguridad, educación, automóviles, etc.).

No es casual que desde que comenzó el conflicto con el campo se produjo una fuga de capitales de más de 56 mil millones de dólares (fuente BCRA), demostrando la inutilidad de la política de desendeudamiento y repudio parcial de la deuda pública. Si se quiso evitar un drenaje de fondos al exterior, se consiguió su opuesto. En lugar de ingresar capitales y crear trabajo, se fugan y se precariza el trabajo.

En materia de servicios públicos sucede otro tanto. El congelamiento de tarifas impide su desarrollo y condena a los sectores más humildes a su carencia y al pago de costosos sustitutos, el ejemplo más visible es el de la garrafa de gas.

La espiralización de la inflación, por su parte, anuncia el final de la devaluación incruenta. O continúa, provocando más inflación, fuga de capitales y recesión, o se detiene y abre la posibilidad de un nuevo ciclo de inversiones. Los precios libres han llegado a su precio natural luego del deterioro causado por la mega-devaluación del 2002. Los precios congelados o regulados, que tienen la misma tendencia natural al alza, se retrasan por artificios del poder que desalientan la inversión en sectores claves de la economía, comprometiendo el futuro.

En 2011 deberían ponerse las bases para recuperar la cordura pero no aparecen en el horizonte quiénes puedan darle forma a esa necesidad colectiva. La gran incógnita se develará si alguien creíble y con capacidad de acción se presenta en sociedad o si no lo hace. Mantengamos la esperanza navideña.