La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organización mundial de lucha contra el fraude, estima que las empresas a nivel mundial pierden alrededor del 5% de sus ingresos al año debido a este delito. En Argentina no hay cifras oficiales pero se podría estimar, de manera grosera, que las pérdidas rondan los $ 19.061,10 millones. Para esto tomamos como base que el PBI del primer trimestre de 2010 es de $ 381.222 millones (cifra suministrada por el INDEC) y la estadística obtenida por ACFE.

Según el estudio, el fraude más común en el 90% de los casos es por apropiación de activos de la empresa, mientras que el basado en el falseamiento de informes financieros representa sólo el 5% del total de los casos pero provoca las mayores pérdidas registradas. Esto genera, además, el deterioro de la imagen de la empresa y amenaza la continuidad del negocio.

Establecer políticas de contrataciones, de ventas y compras, y mecanismos de control para asegurar su implementación es indispensable para la prevención del fraude. Para que la prevención sea efectiva también es clave auditar de forma independiente para constatar el cumplimiento de todas las disposiciones y evitar la posibilidad de que el personal jerárquico (generalmente involucrado) altere los estados financieros El estudio de ACFE demuestra que la inexistencia de los controles adecuados posibilita que el delito permanezca oculto y que el daño se acreciente.

Los resultados del informe confirman que, dentro de los casos en América Latina, el 44% son detectados a través de denuncias espontáneas. Esta medida, que demuestra su eficacia desde el punto de vista costo-beneficio, implica la implementación de canales de comunicación confiables y la formación de los empleados en relación al tema. Por otro lado, sólo se registra un 10% de casos descubiertos a causa de auditoría interna dada su previsibilidad para el empleado involucrado. El riesgo se minimiza mediante auditorías sorpresivas evitando que los responsables oculten las evidencias a tiempo. A penas el 30% de las 1843 organizaciones analizadas realizan, registrando pérdidas menores gracias a la detección temprana.

Frente a sospecha o irregularidad es importante prever la obtención de pruebas válidas en el ámbito judicial o para un acuerdo favorable con el responsable. Dado el avance de la tecnología, a pesar de que algunas leyes quedaron obsoletas en relación a este contexto, los antecedentes de casos en nuestro país indican que las pruebas obtenidas de dispositivos digitales van siendo aceptadas e incorporadas en expedientes legales, siempre que sean debidamente recolectadas y manipuladas por expertos en informática forense para garantizar su validez.

Para lograr mejores resultados es necesario desarrollar un programa integral de controles, a partir de un análisis de los riesgos a los que está expuesta la empresa por sus características y rama de actividad, y de la evaluación de los mecanismos más apropiados para minimizarlos, sin afectar las operaciones y considerando la eficiencia en términos de costo-beneficio.