La calidad de las instituciones democráticas se basa fundamentalmente en el grado de participación de la ciudadanía y en el conocimiento por parte de toda la comunidad de sus estructuras y funcionamiento.

La publicidad de los actos de gobierno en sus tres niveles es un deber contemplado en la Constitución Nacional. Resulta responsabilidad ineludible por parte de cualquier administración pública la difusión de información fiscal veraz y detallada, que permita lograr un eficaz control del accionar del Estado por parte de los ciudadanos.

En este sentido, adquiere relevancia el concepto de ‘Transparencia Fiscal’, básicamente porque constituye una herramienta que tiende al cumplimiento de los principios de buena gobernabilidad, como lo son la responsabilidad fiscal o la previsibilidad. En definitiva, constituye un paso más hacia el control de los actos de gobierno y la disminución de prácticas corruptas, las cuales afectan adversa y simultáneamente la consolidación de las cuentas públicas y los equilibrios macroeconómicos, a la vez que dificultan la gobernabilidad política y limitan las perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, cuando los presupuestos no tienen en cuenta actividades gubernamentales cuyos efectos son equivalentes al cobro de impuestos y a la concesión de subsidios y, que, por lo mismo, no son sometidas al examen y aprobación del Poder Legislativo y demás organismos de control, las actividades financieras del sector público se tornan cada vez más opacas, y se distorsiona la percepción sobre la magnitud real del gasto público, su distribución sectorial y los efectos distributivos derivados de la acción pública (CEPAL, 1998).

La transparencia fiscal es un concepto amplio que hace referencia a cuatro cuestiones básicas: a) Definición clara de funciones y responsabilidades del sector público, b) Acceso del público a la información. c) Transparencia en la preparación, publicación y ejecución del presupuesto. y d) Garantías de integridad de la información del sector público.

El acceso del público a la información se refiere básicamente a la difusión de información completa sobre las operaciones fiscales pasadas, actuales y futuras del gobierno. Ello requiere, por ejemplo, que los documentos presupuestarios, las cuentas presupuestarias definitivas y otros informes fiscales destinados al público abarquen todas las actividades presupuestarias y extra presupuestarias del gobierno; que se divulgue información comparable e información completa sobre el nivel y la composición de la deuda y de los activos financieros. Además de todo esto, resulta fundamental el firme compromiso (como obligación legal) de divulgar puntualmente información sobre las finanzas públicas.

Reviste singular importancia la posibilidad de evaluación del grado de transparencia fiscal y, en particular, del grado de acceso a la información pública por parte de un ciudadano común. A tal efecto, IERAL trabajó durante 7 meses en la búsqueda de información como si fuera un ciudadano común y construyó, entre otros, el Indice de Acceso Público a la Información Fiscal provincial (IAPIF provincial), teniendo en cuenta la cantidad de información provista en los sitios web oficiales. Este índice varía entre 0 y 1, de acuerdo a si la jurisdicción no publica nada de información fiscal en su sitio web o si provee toda la información fiscal analizada, tanto vigente como de años previos.

Sin tener en cuenta el grado de facilidad de acceso a cada uno de los aspectos analizados, se obtuvo el IAPIF provincial simple, ordenando alfabéticamente a aquellas jurisdicciones que alcanzaron un valor igual.

Como puede observarse, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe son las que alcanzan el máximo puntaje del IAPIF que es 1. Esto implica que estas jurisdicciones presentan en sus sitios web toda la información fiscal relevada (este índice supone igual grado de facilidad de acceso dentro de la página web). Por el contrario, en las últimas posiciones se ubican La Rioja, San Juan y Tierra del Fuego, las tres con un IAPIF de 0.3 puntos.

En promedio para todas las provincias se alcanza un nivel de IAPIF de 0.66 puntos, lo que refleja que una tercera parte de la información fiscal aun sigue no estando disponible en el promedio de los sitios web provinciales. El desafío consiste en aumentar progresivamente este nivel, equiparando de esa manera el acceso de todos los ciudadanos del país a información fiscal esencial.

La mayor visibilidad que se brinde al manejo de los fondos públicos sin dudas redundará en una mayor eficiencia en el uso de los recursos. El punto no pasa solamente por poner la información en la página web sino también porque sea del más fácil acceso posible para un ciudadano. Más allá del ranking interjurisdiccional, es esencial que mes a mes aumente el promedio de información fiscal publicada.