Entre los distintos modos de intervención estatal sobre la economía –es decir, del avance del sector público sobre la sociedad civil – se destacan la regulación imperativa y la empresa estatal. También sobre estas cuestiones rige el denominado principio de subsidiariedad que fija, dependiendo de las circunstancias, el límite de la actuación estatal.

Cuando asumimos el gobierno en 1989, lo estatal había sobrepasado cualquier límite de razonabilidad. En lo económico el nuestro era un sistema capitalista solo en el nombre, pero con un abuso de metodologías intervencionistas-socialistas y al servicio, en la realidad práctica, de la economía prebendaria: el sistema por el cual ciertos sujetos económicos se enriquecen con las prebendas que el Estado les asigna. Se trata de una suerte de caricatura bananera del llamado Estado de bienestar, producto de un medio ambiente político-cultural sustancialmente corrupto. Si el Estado de bienestar ha demostrado ser mucho Estado y poco bienestar, nuestro Estado prebendario es, en realidad, poco Estado y mucha, muchísima prebenda.

El Estado prebendario necesita de las regulaciones excesivas (limitan la competencia, generan innumerables ventanillas burocráticas) y, muy especialmente, de las empresas estatales, en tanto que enormes grifos de distribución de los dineros públicos entre un grupo de privilegiados. Naturalmente todo esto genera atraso, inflación, falta de confianza, corrupción generalizada y sistémica, injusticia social, pobreza.

Fue suficiente con que corrigiésemos aquellos dos elementos distorsivos para que nuestra economía se recuperase rápidamente.

Tuvimos un aumento extraordinario de la inversión tanto pública como privada (de ellas está todavía viviendo nuestra economía), las empresas privatizadas pagaban impuestos a la par que invertían en obras que habían estado demoradas por decenios (pensemos en las comunicaciones, la energía, la infraestructura vial), la gente podía comer carne sin provocar inflación y, como también le ganamos la guerra a la aftosa, incluso con fuertes exportaciones.

Sin embargo, después del destructivo letargo aliancista, parece que volvemos a las andadas. Para combatir la inflación (provocada por una desacertada política económica) a esta nueva versión, esta vez hiperactiva, del gobierno de la alianza no se le ocurre nada mejor que prohibir las exportaciones de carne, a la vez que desalentar su consumo. Como si en Italia decidiesen prohibir la exportación de pastas y aconsejar a los italianos la abstención de su consumo.

Pero esta Alianza II no se detiene en el mero absurdo. También comienza a reconstruir aceleradamente los feudos empresarios estatales, que serán sostenidos con el bolsillo de todos los argentinos, especialmente con el impuesto inflacionario, la marginación subvencionada, la puja precios-salarios (ya sabemos quien es el ganador), la ineficiencia económica y la destrucción de la infraestructura productiva. ¿Hace falta recordar los tiempos en que el teléfono era un lujo, cuando no había electricidad; cuando el gas escaseaba; cuando las rutas eran un bache con pedazos de asfalto; cuando los accesos a la Ciudad eran dignos del país más atrasado del mundo; cuando YPF era la única empresa petrolera del mundo que perdía centenares de millones de dólares al año?

Las familias argentinas y el país en su conjunto perdieron muchísimo con todo ello, mientras un grupo de afortunados se enriquecían con las prebendas sin fin .

Estamos a tiempo de exigir del gobierno de la Alianza II la corrección del rumbo, ya que las bases de lo que juntos construimos durante la década del 90’ se encuentran todavía en pié. También en esto debemos ejercer la memoria individual y colectiva.