Ayer se cumplieron ocho meses desde la tragedia en Cromañón, donde murieron 194 jóvenes. Pero desde ese entonces hasta ahora, hay cuestiones importantes que hacen a la prevención de estas tragedias que no fueron atendidas, aunque fueran sencillas de resolver y evidentes para los profesionales técnicos que trabajamos día a día en la temática de incendios.

Una cuestión central que quedó sin resolver es la de quitar toda ambigüedad en la legislación y reglamentación de cuáles son las características y sistemas que tienen que tener los espacios públicos y privados para ser seguros. Hoy la legislación y reglamentación para habilitar un edificio es confusa, antigua y deja espacios para la libre interpretación. En consecuencia, es una puerta abierta para el error, y para el ingreso de la corrupción. Cuando una legislación no es clara, y queda librada a que cada inspector la interprete, se generan equívocos y situaciones de mal uso del poder.

En el caso particular de los incendios, la antigüedad del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires hace que no contemple que la construcción actual es distinta a la de hace varios años, considerando la evolución verificada en los sistemas para la detección del fuego, extintores automáticos y la tecnología hoy disponible para salvar vidas. A la vez que obliga a tener elementos que ya se han superado tecnológicamente y hasta son desaconsejados por los expertos y definidos como obsoletos en otros países (como por ejemplo la arena en los baldes). Esto se debe a que la última modificación en este sentido fue hace 26 años, salvo pequeños parches como los agregados vinculados a la iluminación de las salidas de emergencia y la señalética.

Es necesario modificar rápidamente al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

La actualización debería tomar en cuenta los sistemas de detección y rociadores automáticos, y las llamadas de alarma. También es de vital importancia la implementación de un plan de evacuación para cualquier tipo de siniestro y/o incendio que afecte a la seguridad de las personas y la integridad estructural.

Asimismo, no sólo debería exigir nuevos mecanismos e instrumentos de extinción, sino que también debería precisar las características de calidad según normas técnicas desarrolladas por institutos normalizadores nacionales autorizados bajo el sistema nacional de normas y calidad o internacionales reconocidas, cuando no existieran.

Todos los profesionales vinculados a la construcción, la arquitectura y la seguridad, y entidades que nos agrupan, individualmente o como empresas, hemos presentado una reforma a este código hace ya cinco años. Y si bien fue aprobado en la legislación porteña, luego no fue promulgada razones inexplicables. Hoy vuelve a la Legislatura porteña tras haber sido analizado y recomendado por el Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el INTI, el Instituto Argentino de Normalización, la Sociedad Central de Arquitectura y la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina.

Tras lo ocurrido en Cromañón el 30 de diciembre pasado, llegó el momento de que el gobierno de la Ciudad y los legisladores dejen a un lado las diferencias y aprueben una ley que objetivamente es necesaria para el bien común. Tenemos la posibilidad de hacer un cambio a favor de la prevención. Podemos hacer nuestra parte para evitar las tragedias. Hagámoslo.