El avance del MAS en Bolivia, con un triunfo en la presidencia y en ambas cámaras, da un nuevo impulso a la reforma política y de las instituciones propuesto por Evo Morales.

En este nuevo contexto, la sanción de la ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento Ilícito e investigación de fortunas , será una de las piezas fundamentales para poner a Bolivia entre las naciones de la región que ya se han comprometido en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el fraude.

El proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la cámara baja y que por estos días aguarda ser aprobado en la Cámara de Senadores, incluye la incorporación de instituciones como el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial. Estos organismos, junto a otros ya existentes dentro del Poder Ejecutivo y Judicial conformarán la Comisión Nacional de Lucha Anticorrupción, un set de instituciones inédito a nivel regional.

La sanción definitiva será un avance notable en el marco legal de Bolivia. En adelante, la reglamentación de la ley, con la incorporación de nuevas instituciones, obligará a las empresas e individuos a transparentar una serie de procesos y transacciones. Y pondrá límites a las prácticas de corrupción y de lavado de dinero proveniente de actividades delictivas; también se espera que la normativa contribuya a la disminución de la evasión fiscal.

A pesar del avance que supone este nuevo marco legal, dos cuestiones continúan siendo polémicas. Por un lado, la incorporación del lavado de dinero proveniente de la evasión fiscal, como objeto sancionable por esta ley, obligará a los organismos intervinientes a tener que investigar un gran número de situaciones de posible incumplimiento. Esto implica una recarga de trabajo para la UIFP (Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial) y los oficiales de cumplimiento de entidades financieras, que podría quitar esfuerzos a la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas (narcotráfico, tráfico de personas, órganos, corrupción).

En este sentido, especialistas coinciden en que los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero provenientes del delito sean tratados independientemente del proveniente de evasión para aumentar la efectividad.

Por otro lado, la incorporación de la figura de ‘investigación de fortunas‘ es vista por algunos sectores de la oposición como una herramienta que podría ser usada por el gobierno de turno para generar daño reputacional o ‘persecución política‘ a individuos u organizaciones. El alcance de la ley no se limitará a la investigación de los miembros de los cuatros poderes políticos, sino que además podrá alcanzar a otras organizaciones. Asimismo, tendrá validez retroactiva, pudiendo dar origen a una serie de investigaciones sobre enriquecimientos ilícitos producidos en el pasado.

Respecto de este último punto, es importante destacar que la ley prevé un plazo de actuación en las investigaciones de 18 meses. Y en caso de no encontrar responsabilidad o evidencia de hecho punible, reconoce el resarcimiento económico por el daño provocado y la publicidad del hecho.

Más allá de las críticas, la ley representa un avance importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero y, aún con matices, puede ser comparable con la legislación que en los últimos años han incorporado países como Chile, Brasil o México. De su correcta aplicación, puede esperarse un marco de mayor transparencia para los negocios en Bolivia, tanto entre privados como con el sector público.