La Unión de Administradoras de Riesgos del Trabajo (UART) opina que la inhibición general de bienes a Galeno ART, una medida que afecta la disposición de las inversiones de la firma tras presentar un déficit de capitales mínimos por $ 12.954 millones, confirma la crisis estructural del sistema, jaqueado por la industria del juicio laboral.
“El déficit de capitales de la compañía se explica por el fuerte drenaje de fondos hacia sentencias judiciales derivadas del descalabro pericial y de las actualizaciones e intereses aplicados por los juzgados laborales”, explicó la presidenta de la UART, Mara Bettiol.
Solo en el último año y considerando sólo 483 juicios que se encuentran recurridos, Galeno ART pagó $ 63.305 millones en sentencias que, bajo tasa Activa BNA, hubieran sido $ 5908 millones. Ese desfasaje judicial sólo por intereses -de $57.397 millones- equivale 4,4 veces el déficit que dio origen a la medida precautoria de la SSN, explicaron.
Consultada por El Cronista, la firma prefirió no hacer declaraciones, aunque dejaron trascender que la decisión precautoria hasta que se reponga la situación de capital y sean presentados nuevos balances no afecta a Galeno Seguros, que se encuentra inmersa en un proceso de lanzamientos, ni otras compañías del grupo.
Solo en el último año y considerando sólo 483 juicios que se encuentran recurridos, Galeno ART pagó $ 63.305 millones en sentencias que, bajo tasa Activa BNA, hubieran sido $ 5908 millones. Ese desfasaje judicial sólo por intereses -de $57.397 millones- equivale 4,4 veces el déficit que dio origen a la medida precautoria de la SSN, explicaron.
“Peritos Judiciales y Justicia Laboral = barril sin fondo. A pesar de que en los últimos dos años el accionista de Galeno ART aportó, a valores de hoy, más de $ 45.000 millones de capital, el impacto de la litigiosidad resultó imposible de compensar”, explicó Bettiol en un comentario.
Pericias sin control
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el 91% de los juicios ingresan por casos en los que las Comisiones Médicas determinaron 0 incapacidad, aunque la Justicia Laboral termina con un 14% por pericias realizadas por peritos externos, sin control y con honorarios vinculados al resultado.
“Este mecanismo, ratificado por sentencias que en muchos casos aplican intereses por encima de lo establecido en la Ley y en la jurisprudencia, genera un crecimiento espiralado: 130.000 nuevos juicios en 2025, que se suman a un stock previo de 280.000 y que, a su vez equivalen a la mitad de los juicios laborales de Argentina”, agregaron desde la UART.
“La solución está en la Ley. Corresponde a los Poderes Judiciales de las 18 provincias adheridas a la Ley 27.348 conformar los Cuerpos Médicos Forenses, designar peritos a través de concursos y valorar el daño según los parámetros legales, para frenar una crisis que ya muestra sus efectos”, demandó el sistema.