Una de las más trágicas características de la pandemia de COVID es que está provocando el fallecimiento súbito de muchas personas que por su edad o su propia personalidad, no habían contemplado las consecuencias de su muerte repentina.

Ante todo, obviamente está el desconsuelo familiar y de los seres queridos de quién ya no está, lo cual es irreparable. Seguidamente, el impacto sobre el ámbito patrimonial y sucesorio.

Mientras menos ordenados y documentados los asuntos financieros y legales de la persona repentinamente fallecida, mayor es el impacto negativo para sus seres queridos, sus socios, sus clientes, sus proveedores y sus empleados.

En algunos casos la persona que está en riesgo de muerte y/o contagiada, es sometida a un aislamiento extremo.

Inclusive, puede quedar totalmente incomunicada con quienes deberían recibir información esencial como claves de acceso, ubicación de activos, datos de personas clave de contacto o deudas no documentadas, por citar solamente algunos ejemplos.

El virus está provocando el fallecimiento súbito de muchas personas que por su edad o su propia personalidad, no habían contemplado las consecuencias de su muerte repentina.

Todo lo que la persona manejaba en su cabeza y sin participar a nadie puede quedar en un peligroso limbo que perjudique a su familia y a quienes interactuaban con él.

Algunos activos y/o información, inclusive, podrían perderse para siempre o por largo tiempo, si es solamente la persona fallecida quien sabía de su existencia o ubicación.

En un proceso, en cuya primera etapa escuchábamos de lejos los casos y las consecuencias arriba descriptas, en otros países donde primero pegó fuerte la pandemia; al actual, donde ahora ya sucede entre nuestros allegados y/o conocidos, no es de extrañar que en América latina el COVID haya pasado a ser el principal "disparador" para iniciar una reorganización del patrimonio.

En base a las entrevistas que tuvimos durante el último año calendario -273 entre abril de 2020 y abril de 2021- con clientes y prospectos interesados en reestructurar y planificar sus patrimonios, observamos que el factor "fiscal/impositivo" representaba 8 de cada 10 casos al comienzo del período, con una abrumadora mayoría de personas residentes en México y la Argentina.

Organizar el patrimonio mediante documentos de ordenamiento familiar, testamentos, directivas medicas anticipadas y fideicomisos o trusts familiares son algunas de las alternativas disponibles.

Actualmente, la misma relación casi se mantiene (8 de cada 10), pero siendo el COVID y sus consecuencias, el disparador para hacerlo. Los interesados fueron mayormente de países donde la pandemia se desarrolló con dureza: Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y México, en ese orden.

En los países desarrollados es normal y forma parte de la cultura, organizar el patrimonio mediante documentos de ordenamiento familiar, testamentos, directivas médicas anticipadas y fideicomisos o trusts familiares, además de comunicar a personas de confianza el cómo debe actuarse ante un fallecimiento, incapacidad o larga ausencia.

Queda a la vista que en América latina aún seguimos movilizándonos en estos temas importantes, solo cuando estamos (casi) al borde del abismo.