Las acciones de varias de las grandes empresas brasileñas controladas por el Estado, entre ellas Petrobras y Banco do Brasil, sufrieron una semana de oscilaciones, ya que los inversores temen que el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva adopte un enfoque más intervencionista. Petrobras, el mayor grupo energético de América latina, llegó a desplomarse más de un 10% en la Bolsa de San Pablo después de que Lula utilizara uno de sus primeros decretos como presidente para poner fin a los planes de privatización de la empresa productora de petróleo y gas, valorada en u$s 60.000 millones. La decisión se produjo después de que Lula designara a Jean Paul Prates, senador de su partido, como próximo presidente de Petrobras. Prates ha respaldado los pedidos de Lula para que el productor de hidrocarburos cambie su forma de cobrar los combustibles y desempeñe un papel más importante en la transición hacia una energía limpia. Mientras prometía reducir la pobreza de los brasileños en su discurso de investidura el domingo, Lula dijo que "los bancos públicos, especialmente [el banco estatal de desarrollo] BNDES, y las empresas que promueven el crecimiento y la innovación, como Petrobras, desempeñarán un papel fundamental en este nuevo ciclo". La declaración hizo que las acciones del Banco do Brasil, controlado por el Estado, cayeran más de un 6% en las dos primeras sesiones bursátiles del año, antes de recuperar terreno a fines de la semana pasada. También cayó la aseguradora cotizada Caixa Seguridade, filial de la entidad pública Caixa Econômica Federal. "Los inversores están preocupados por el control que ejerce Lula sobre las empresas estatales y por si las utilizará para aplicar políticas sociales a expensas de la eficiencia económica, perjudicando en última instancia su rentabilidad", declaró Jared Lou, gestor de carteras de William Blair Investment Management. Desde la ajustada victoria electoral de Lula sobre Jair Bolsonaro en octubre, el índice local Bovespa ha caído un 6%. Luiz Fernando Figueiredo, exdirector del banco central y fundador del hedge fund Mauá Capital, dijo que la posibilidad de que el crédito barato se expanda es "muy alta" y esto podría resultar en un "crecimiento de fuga de gallinas", refiriéndose a los estallidos de crecimiento que son seguidos por una caída. "[Si] se expande el crédito de forma subvencionada, realmente se obstaculiza al banco central y conduce a tasas de interés más altas, lo que nos cuesta mucho más a todos", afirmó. Petrobras, en la que el Estado brasileño tiene una participación mayoritaria, es otro posible campo de batalla entre Lula y los inversores. Tras haber estado a punto de quebrar durante el anterior gobierno de Rousseff por una combinación de combustible subvencionado, malas inversiones y un escándalo de corrupción, la empresa ha recuperado terreno en los últimos años. Gracias a las desinversiones y a la concentración en sus ricas reservas de crudo en alta mar, ahora presenta unas ganancias y dividendos extraordinarios, que los inversores temen que puedan estar en peligro. Lula se ha comprometido a modificar la política de precios de la empresa, que actualmente fija los precios de los combustibles en función de las referencias internacionales, con el fin de reducir las tarifas de los consumidores. También ha prometido invertir más en refinerías. "Los titulares apuntan a una empresa que puede estar bien con el tiempo, pero que muy probablemente será alentada u orientada a invertir en cosas que potencialmente tienen un menor rendimiento, en comparación con la exploración y producción upstream en las que Petrobras se ha estado centrando", dijo Eduardo Figueiredo, responsable de renta variable brasileña de la gestora de fondos Abrdn, que redujo su participación en Petrobras tras las elecciones de octubre. "Las inversiones en refinería han sido históricamente muy negativas para la creación de valor, o incluso destructoras de valor para la empresa", añadió. Las acciones de Petrobras se recuperaron un poco después de que Prates, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el consejo de administración de la empresa, insistiera en que no desvincularía los combustibles de los precios internacionales. Tiago Cunha, gestor de carteras de Ace Capital, que vendió sus participaciones en Petrobras tras las elecciones, afirmó que, si bien el énfasis de Lula en la responsabilidad social puede sonar bien para los inversores en ESG, "es importante recordar su historial en cada uno de estos temas durante mandatos anteriores". "No hay duda de que hoy en día las empresas deben ser socialmente responsables. El problema es: ¿cuál es el límite entre ser socialmente responsable y el uso del flujo de caja de la empresa para medidas populistas? ¿Es justo utilizar las inversiones de accionistas minoritarios para políticas gubernamentales?". Sin embargo, no todos los inversores están preocupados. La compañía estadounidense GQG Partners reveló recientemente que había alcanzado una participación superior al 5% en Petrobras, lo que la convierte en uno de los mayores accionistas minoritarios. "Es una historia de cambio impresionante [en Petrobras], así que ¿por qué querría Lula arruinarla? Sobre todo porque el Gobierno es el mayor accionista y se beneficia del pago de dividendos. Creemos que los temores son exagerados", afirmó Polyana da Costa, analista de GQG.
Los inversores temen el avance de Lula sobre las empresas estatales