Miles de militantes del expresidente braileño de derecha, Jair Bolsonaro, irrumpieron el domingo en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial en la primera crisis de la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Exigieron la renuncia del veterano izquierdista y llamaron a los militares a dar un golpe de Estado. El movimiento populista de Bolsonaro se ha apoyado durante mucho tiempo en seguidores radicales, muy movilizados, que acuden en gran número a actos y eventos. Fueron un pilar de su presidencia entre 2019 y el año pasado y también protestaron en gran número tras su ajustada derrota frente a Lula en las elecciones de octubre. En los días posteriores a la votación, muchos camioneros pro-Bolsonarocortaron rutas en todo el país, estrangulando las cadenas de suministro, e incluso llegaron a forzar el cierre del principal aeropuerto internacional de Brasil. Estos militantes duros son nacionalistas, socialmente conservadores y a menudo cristianos evangélicos. Acusan a Lula y a su Partido de los Trabajadores de corruptos y contrarios a los valores familiares, y afirman que la izquierda pretende implantar el socialismo en Brasil. Durante más de un año antes de las elecciones, Bolsonaro puso en duda la integridad de las máquinas de votación electrónica de Brasil sin presentar pruebas acreditadas de sus afirmaciones. Las autoridades electorales habían demostrado repetidamente la integridad del sistema, y los observadores internacionales habían considerado las elecciones justas y transparentes. Aunque Bolsonaro se cuidó de no cuestionar abiertamente los resultados electorales en los días posteriores al escrutinio, sus partidarios han afirmado -sin pruebas- que el escrutinio estuvo manipulado. También acusan a altos jueces de mostrar parcialidad política a favor de Lula y califican de censura la represión judicial de la desinformación en las redes sociales. Desde las elecciones, cientos de personas han acampado frente a bases militares de todo el país, exigiendo la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para impedir la presidencia de Lula. "Las FF.AA. tienen que entrar y volver a poner a Bolsonaro a gobernar el país y continuar su gran trabajo", dijo Alexandra Morais, una mujer de unos 60 años, en una manifestación frente a un cuartel del ejército en la ciudad de Belo Horizonte el año pasado. "Entre el 70% y el 80% de los brasileños quieren esto, pero las elecciones fueron fraudulentas". A pesar de los tensos preparativos previos a la toma de posesión de Lula, que incluyeron el descubrimiento de una supuesta bomba en Brasilia, pocos acudieron a protestar en la ceremonia de investidura la semana pasada. Aunque hubo similitudes inmediatas entre los sucesos del domingo y al asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes de Washington pretendían impedir la investidura de Joe Biden como presidente, mientras que Lula ya había sido confirmado como jefe de Estado de su país una semana antes. El Congreso de Brasilia no estaba reunido y el Tribunal Supremo y el palacio presidencial estaban desocupados cuando fueron asaltados. Aunque el asalto del domingo carecía de un objetivo práctico claramente definido -uno de los objetivos puede haber sido provocar un estado de emergencia-, no obstante asestó un golpe simbólico al corazón del poder político en el país más grande de América latina y a las sedes de sus tres ramas de gobierno. Durante los dos días siguientes a su derrota electoral, Bolsonaro se mantuvo en silencio. Luego, en una declaración muy breve, ofreció su apoyo tácito a los manifestantes radicales que cortaban las carreteras y se concentraban frente a las bases militares. "Los movimientos populares en este momento son el resultado de la indignación y el sentimiento de injusticia por la forma en que se desarrolló el proceso electoral", dijo Bolsonaro en ese momento. En los últimos meses de su presidencia, permitió que los manifestantes siguieran ocupando zonas fuera de las bases del ejército, incluso mientras pedían una intervención militar para impedir la investidura de Lula. Aunque el propio Bolsonaro no ha impugnado abiertamente el resultado de las elecciones, su partido político lanzó un recurso legal para anular los resultados, pero fue rápidamente rechazado por un tribunal. El excapitán del ejército condenó un supuesto atentado en Brasilia descubierto por la policía una semana antes de la ceremonia de investidura de Lula. En una muestra de la intensa amargura entre Lula y Bolsonaro, el populista de extrema derecha rompió con la tradición al negarse a asistir a la toma de posesión para entregar la banda presidencial. En su lugar, viajó a Florida, donde la semana pasada fue visto comiendo comida rápida. Bolsonaro recurrió a Twitter el domingo por la noche para denunciar las acciones de los extremistas. "Las manifestaciones pacíficas, de acuerdo con la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las cometidas por la izquierda en 2013 y 2017, cruzan la línea", escribió. El expresidente ultraconservador también rechazó las acusaciones de Lula de haber alentado los ataques. Aun así, es probable que Bolsonaro se enfrente a la censura de los opositores por crear una atmósfera polarizada y antagonismo hacia las instituciones de Brasil, especialmente la corte suprema. Tras los sucesos del domingo, muchos han criticado también al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y a su secretario de Seguridad, Anderson Torres. Ambos son considerados cercanos al expresidente y se los ha visto tomar a la ligera a sus militantes. El domingo por la noche, Reuters informó de que el fiscal general de Brasil había solicitado la detención de Torres. Lula asumió el poder prometiendo unir al país tras unas elecciones marcadas por la división. Es probable que los atentados lo empujen a adoptar una postura más dura contra el radicalismo de extrema derecha. Visiblemente conmocionado, el presidente calificó a los manifestantes de "vándalos y fascistas" que "deben ser castigados". Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia de Brasil, se mostró dispuesto a tomar medidas enérgicas incluso antes de la ofensiva contra el Congreso. Es probable que impulse acciones judiciales y un programa para erradicar el extremismo.
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