España prorrogará un año más un polémico impuesto sobre las ganancias inesperadas de bancos y empresas energéticas, pero suavizó el golpe para algunas empresas que se oponen a él introduciendo una exención fiscal para las inversiones ecológicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el impuesto de dos años se prorrogaría un tercer año tras la última reunión de su gabinete en 2023, una medida que enojará a las empresas que lo han criticado por injusto y perjudicial para los negocios. El impuesto se introdujo para financiar medidas destinadas a aliviar el impacto de la inflación sobre los ciudadanos españoles, entre otras cosas mediante la financiación de subsidios a los combustibles y al transporte público. Se centró en las empresas que, según el Gobierno, más se habían beneficiado de las altas tasas de interés y los precios de la energía. Está previsto que el impuesto recaude unos 3000 millones de euros [más de u$s 3300 millones] en 2023, su primer año, y que ahora también se deberá pagar en 2024 y 2025. Pero en una enmienda significativa al impuesto, Sánchez dijo que el gabinete había acordado permitir a las empresas energéticas deducir el valor de ciertas inversiones de sus ingresos imponibles. El presidente del Gobierno dijo que, a partir del 1 de enero, las empresas podrán deducir "inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y también vinculadas a la descarbonización del sistema productivo de nuestro país". Sin embargo, no hubo alivio para los bancos. Un alto funcionario del Gobierno señaló que, aunque las tasas de interés habían bajado, los márgenes de beneficio de los bancos seguían siendo elevados. "Por tanto, el argumento [a favor del alivio] es menos sólido", dijo el funcionario. Para los mayores bancos españoles, el impuesto es un gravamen del 4,8% sobre sus ingresos por intereses y comisiones. Las grandes empresas energéticas pagan un gravamen del 1,2% sobre sus ingresos. Cuando dio a conocer el plan para el impuesto en 2022, el Gobierno argumentó que estaba promoviendo la "Justicia fiscal" para que las empresas con mayores ingresos "hagan un esfuerzo para ayudar a la mayoría de la sociedad". El impuesto extraordinario ha sido criticado por bancos como Santander y CaixaBank y grupos energéticos como Repsol e Iberdrola. La mayoría de las empresas afectadas han recurrido el impuesto ante la Audiencia Nacional y lo han impugnado directamente ante la Agencia Tributaria tras efectuar los primeros pagos. El Gobierno ha manifestado su confianza en que el impuesto resistirá los recursos judiciales.
El gobierno español amplía impuestos a bancos y empresas energéticas