La alteración en las reglas de compra de tierras por extranjeros está causando una conmoción agraria en Brasil. Vendedores y compradores de áreas rurales comienzan a abrir disputas judiciales para ver quién pagará por las restricciones derivadas de una nueva interpretación de la ley que realizó la Procuración General del Estado (AGU, sigla en portugués).

La primera acción judicial llegará a los tribunales en los próximos días. Una acción anulatoria de acto jurídico propuesta por dos productores rurales intentará deshacer negocios de R$ 300 millones por la venta de 40.000 hectáreas de tierras en los estados de Bahía y Mato Grosso.

Los vendedores brasileños afirman que los compradores extranjeros suspendieron el pago de las cuotas del negocio alegando que no consiguen acceder a financiamientos ni realizar transacciones respaldadas en la pose de la tierra desde el cambio de reglas que impuso la Procuración.

Los compradores sostienen que no pueden registrar ni escriturar las tierras a sus nombres. Tampoco pueden hacer operaciones simples como comprar insumos o cerrar contratos sin anuencia del vendedor en casos donde se exijan hipotecas del inmueble.

Los nombres de las partes permanecerán aún en sigilo. Pero el abogado Lutero de Paiva Pereira, responsable por las primeras acciones, evalúa que la situación beneficia a los extranjeros. Ellos están cómodos. Compraron la tierra y no están pagando. Exigen que los vendedores avalen, con su patrimonio personal, financiamientos y transacciones que ellos no pueden hacer por las prohibiciones de la AGU, dijo Pereira.

Los brasileños temen perder dinero y patrimonio porque, sin poseer la tierra, figuran como deudores solidarios. Quieren ir a la Justicia para anular el negocio, afirmó el letrado. Mientras tanto, los extranjeros usan la tierra y el lucro de la producción sin ningún gravamen.

El abogado general del Estado, Luis Adams, informó que recibió diferentes propuestas de inversores extranjeros para modificar la interpretación de la ley. Pero hasta ahora no se tomó ninguna decisión, dijo.

La Procuración cerró el cerco a la adquisición de tierras de parte de extranjeros. Orientó al Ministerio de Hacienda a crear reglas, a través de la Comisión de Valores Mobiliarios, para impedir que empresas de capital extranjero compren acciones de compañías brasileñas que poseen tierras. También recomendó al Ministerio de Desarrollo bloquear adquisiciones y fusiones de empresas brasileñas y extranjeras a partir de información de las Juntas Comerciales en los Estados (provincias). El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) pidió a las escribanías que analicen detalladamente esas transacciones para evitar el registro definitivo de las tierras.

Las compras de propiedades rurales por extranjeros se venían realizando en base a un parecer de la Procuración que autorizó adquisición de inmuebles rurales en territorio brasileño. Hasta 1995, el artículo 171 de la Constitución Nacional, después revocado, permitía la distinción entre dos conceptos: empresa nacional de capital extranjero y compañía controlada por accionistas no residentes en el país o con sede en el exterior.

De 2002 a 2008, hubo una avalancha de inversiones extranjeras en tierras de Brasil. Datos del Banco Central señalan que hubo un aporte de u$s 2.430 millones en ese período. Si se consideran todas las actividades del agro negocio, se llega a u$s 46.910 millones en siete años.

La decisión abre la posibilidad de cuestionamientos jurídicos en los casos de compras y fusiones anteriores a la interpretación de la ley de 1971, creada en el régimen militar para frenar la compra de propiedades de parte de extranjeros. El texto limitaba las compras a un cuarto del área de cada municipio y preveía que ciudadanos de la misma nacionalidad no podían ser dueños de más de 40%.

Datos del registro rural del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria muestran que, hasta 2008, había 4,04 millones de hectáreas registradas por extranjeros en 34.218 inmuebles.