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La independencia del poder judicial vuelve a estar en el centro del debate político en España. Las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española han desatado una fuerte polémica, al insinuar que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia".
Ante estas palabras, varias organizaciones han reaccionado con dureza y han decidido dar un paso más. Ahora reclaman que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampare a los jueces que investigan tanto a Begoña Gómez, esposa del presidente, como a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.
Manos Limpias e Iustitia Europa piden respaldo institucional
Según indica un cable de la agencia EFE, Las asociaciones Manos Limpias e Iustitia Europa, que ejercen la acusación popular en ambos procesos, han solicitado formalmente que el CGPJ dé amparo al juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Gómez, y a la magistrada Beatriz Biedma, que envió a juicio al hermano del presidente.
Según estas organizaciones, las palabras de Sánchez constituyen una "injerencia intolerable en la independencia judicial", además de suponer un intento de desacreditar e incluso amedrentar a los magistrados. En su escrito, Iustitia Europa va más allá y exige que el órgano de gobierno de los jueces inste al presidente a rectificar públicamente.
Los procesos contra la esposa y el hermano de Sánchez
Las causas judiciales que han motivado esta crisis política no son menores. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y, además, por malversación relacionada con el trabajo de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
En paralelo, la jueza Beatriz Biedma, desde Badajoz, ha enviado a juicio a David Sánchez tras apreciar indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en su contratación como coordinador de las Actividades de los Conservatorios en la Delegación Provincial.
Tensión entre poderes y exigencia de rectificación
La controversia refleja un choque frontal entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Para las acusaciones, las manifestaciones del presidente son "palabras descalificadoras y, de alguna manera, amenazantes" hacia la labor de los jueces. Incluso las califican de una forma de "intimidación inaceptable" que pone en riesgo la separación de poderes.
Iustitia Europa ha recordado que instancias superiores ya han avalado el proceder de los jueces, al inadmitir las querellas presentadas por el propio presidente, a través de la Abogacía del Estado, y por su esposa contra el magistrado Peinado.
