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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial y una multa de 7200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia, que no admite recurso ordinario, representa un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El caso se originó por la difusión de un correo electrónico que contenía datos sensibles sobre un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión judicial ha desatado una fuerte tormenta política y provocará el relevo inmediato del fiscal general.
El Supremo condena a García Ortiz por revelar datos protegidos
La sentencia, que no admite recurso ordinario, se emitió una semana después de finalizar el juicio. Según el fallo, cinco de los siete magistrados consideraron que García Ortiz incurrió en el delito tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal, reservado para autoridades que difundan información confidencial obtenida en ejercicio de sus funciones.
El caso surgió tras la publicación en medios de un correo enviado por el abogado de González Amador, en el que se reconocían dos delitos fiscales como parte de un intento de alcanzar un pacto con la Fiscalía.
La nota de prensa del Ministerio Público, elaborada tras conocerse este correo, fue clave para contrarrestar la versión difundida desde el entorno de Ayuso. No obstante, el Tribunal consideró que su divulgación constituyó una falta grave.
García Ortiz, durante el juicio, negó categóricamente haber filtrado el documento y defendió su actuación: “La verdad no se filtra; la verdad se defiende”.
Reacciones políticas: entre el respeto institucional y las exigencias de dimisión
El Gobierno reaccionó con rapidez, anunciando que ya ha iniciado el proceso para relevar al fiscal general. Si bien expresó su respeto a la sentencia, también dejó claro que no comparte el fallo, al tiempo que elogió la trayectoria de García Ortiz “en defensa de la ley y la verdad”.
Desde el PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, fue más crítico: “Las sentencias se acatan, pero viendo lo que hemos visto, me parece una auténtica vergüenza”. También el ministro Óscar López expresó su incomodidad ante el fallo, aunque optó por la prudencia: “Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente”.
En contraste, Vox pidió la convocatoria inmediata de elecciones. Su portavoz en el Congreso, José María Figaredo, sostuvo que la condena es “impresionante e impactante” y acusó al Gobierno de haber “manoseado” las instituciones del Estado.
La oposición intensifica la presión sobre Sánchez
Desde el Partido Popular, las reacciones también fueron contundentes. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidió al presidente del Gobierno que “pida perdón a los españoles” y subrayó que esta es la primera vez en democracia que un fiscal general es condenado durante su mandato. “Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez”, remarcó.
En esa misma línea, varios dirigentes populares exigieron la dimisión del presidente. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, escribió que Sánchez debe “pedir perdón, dimitir y convocar elecciones”, mientras que Miguel Tellado aseguró que la inhabilitación del fiscal también “inhabilita al presidente del Gobierno a seguir”.
Por su parte, desde Sumar, socio del Ejecutivo, calificaron la sentencia de “golpe judicial” y denunciaron un intento de desestabilización. Según sus portavoces, el fallo está basado en “indicios débiles” y constituye un ataque político. “Se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron”, señalaron, en referencia a las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso.
Qué implica esta condena para la Fiscalía y el Gobierno
Con esta resolución, Álvaro García Ortiz deberá abandonar su cargo, al que accedió en julio de 2022. El Gobierno ya ha comunicado que propondrá en breve a una nueva figura para liderar la Fiscalía, garantizando que será una persona de “máximo prestigio jurídico”.
Más allá de la figura del fiscal general, el impacto político de esta sentencia se proyecta en el clima de tensión institucional que rodea al Ejecutivo. El fallo del Supremo, con dos votos particulares en contra, marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre poderes del Estado.
Queda por ver si García Ortiz presentará un incidente de nulidad ante el propio tribunal o si acudirá al Tribunal Constitucional. Lo cierto es que esta sentencia ya se ha convertido en uno de los temas más sensibles en la política nacional.
