

La sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz ya es oficial. El exfiscal general del Estado ha sido condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7200 euros por un delito de revelación de datos reservados. La decisión ha provocado una fuerte reacción política y jurídica, no solo por su contenido, sino por el contexto que rodea el caso.
La resolución, publicada este martes, sostiene que García Ortiz o alguien de su entorno, con su conocimiento, fue responsable de filtrar a la prensa un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía dos delitos fiscales.
Además, se tuvo en cuenta una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que habría reforzado esa revelación. Para el Supremo, ambas acciones formaron una “unidad de acción” que oficializó una filtración prohibida.
Qué dice la condena al exfiscal general
El origen del caso se remonta a la investigación por fraude fiscal contra González Amador, pareja de la presidenta madrileña. En febrero de 2024, la Cadena SER publicó un correo del abogado del empresario, donde se reconocían los delitos. Días después, la Fiscalía emitió un comunicado aclarando que no se había retirado ningún acuerdo de conformidad.
La sentencia, firmada por cinco de los siete jueces del tribunal, afirma: “El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, subrayando que García Ortiz quebrantó su deber reforzado de reserva como máximo representante del Ministerio Público.
Además de la inhabilitación, el alto tribunal impuso al exfiscal una indemnización de 10.000 euros por daños morales a González Amador y el pago de las costas procesales del juicio. El caso ha generado un fuerte debate por ser el primero que lleva a juicio a un fiscal general en ejercicio.
Qué dicen los votos discrepantes dentro del propio Supremo
La sentencia no fue unánime. Dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, firmaron un voto particular en el que defendieron la absolución del exfiscal general. Según ellas, la condena no está suficientemente fundamentada:
“La sentencia no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” se habría producido la filtración, ni explica cómo García Ortiz pudo “promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto” la acción.
Además, las juezas consideraron que la nota de prensa no debía considerarse delictiva porque contenía datos ya conocidos y porque simplemente “se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía”.
Desde el PSOE, partido al que pertenecía el Gobierno que propuso a García Ortiz, también se expresó una visión crítica:
“Conviene recordar que todo parte de una no-declaración a Hacienda, un hecho objetivo y reconocido”, afirmaron en un comunicado, donde añadieron que respetan la sentencia, pero no la comparten.
Reacciones políticas: tensión entre bloques y advertencias sobre el precedente
La reacción política no tardó en llegar. Desde el Partido Popular (PP), la portavoz Ester Muñoz fue contundente: “García Ortiz es el primer fiscal general del Estado al que se le puede llamar delincuente”.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo fue más allá al pedir la dimisión del presidente del Gobierno. En un comunicado oficial, afirmaron que “es un gran día para la democracia, pero un mal día para un presidente que, si tuviera un mínimo de dignidad, debería seguir los pasos del exfiscal y dimitir”.
El PP acusó a Pedro Sánchez de haber amparado al fiscal general condenado y sostuvo que “actuaba bajo las órdenes” del Ejecutivo. También denunció que el Gobierno “utiliza a la Fiscalía, el CIS y todos los medios a su disposición para atacar al PP”.
En el lado opuesto, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, denunció que la condena se basa en “meros indicios” y sin pruebas concluyentes.
“Se condena a una persona sin poder siquiera probar si fue él quien cometió el delito”, escribió en redes sociales. Calificó la sentencia de “falacia construida incluso antes del juicio”, indicó Hernández, quien también advirtió: “Ahora, más que nunca, toca defender la democracia”.














